El juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, ha citado a declarar este lunes en calidad de imputados a un total de siete de los presuntos "ilegalmente beneficiados", entre ellos hijos y sobrinos de bomberos, en las oposiciones al Cuerpo de Bomberos de Córdoba celebradas entre los años 2008 y 2009, investigadas a raíz de una querella criminal que denuncia que "estaban amañadas".
Así se recoge en la querella, el auto y la citación, documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, y que detallan que el proceso selectivo, convocado en noviembre de 2007, contó con "irregularidades" y las preguntas se redactaron "de forma arbitraria", entre otras cuestiones. Dicho proceso selectivo ya fue llevado ante los tribunales de lo Contencioso en el año 2010, que se pronunciaron a favor de los recurrentes, anulando el nombramiento de tres miembros del tribunal. Esta causa, recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por no haberse ejecutado su resolución, se encuentra paralizada ante las pesquisas que se han abierto por la vía penal.
En concreto, la querella se dirige contra cinco bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Córdoba y un funcionario del Consistorio. Todos formaron parte del tribunal encargado de seleccionar a los 25 aspirantes a entrar en la plantilla del cuerpo.
Según mantiene la denuncia, "determinados opositores, muchos de ellos hijos de los querellados, conocían las preguntas de la prueba teórica con antelación y se pergeñó un sistema ciertamente ingenioso para identificar sus exámenes y eludir así el anonimato en el que los mismos debieron ser corregidos". Aunque el escrito reconoce la dificultad para demostrar las acusaciones, alude a una serie de circunstancias "que permiten hacer una imputación sólida".
PREGUNTAS CON "RESPUESTAS IMPOSIBLES"
En este sentido, señala que muchas de las preguntas "fueron ya planteadas y redactadas con enunciados equívocos, respuestas imposibles o directamente erróneas. Era el presupuesto necesario para que el éxito del examen no dependiera de los conocimientos de los opositores", a ello se añade que dos de los querellados, miembros de un sindicato, se integraron en el tribunal "como representantes de la junta de personal, en contra de lo previsto en el artículo 60 del Estatuto Básico del Empleado Público".
Además, también se excluyeron del proceso requisitos habituales en el acceso a plazas de bomberos que "no concurrían en algunos de los hijos de los querellados". Al respecto, la querella se refiere a la exigencia del carné de conducir tipo C, que permite el manejo de camiones, "pero que era incompatible con la joven edad de alguno de los hijos, sobrinos de bomberos, opositores en el proceso, que tenían recién cumplidos los 18 años o frisaban los 19".
Igualmente, según la querella, "se articuló un sistema para identificar los exámenes de esos candidatos de la casa", como es que "dejarían en blanco una pregunta en concreto, la 23, que era de desarrollo, elemental y muy fácil, y quedaba, además, integrada en la parte de la prueba en la que los errores no penalizaban; por eso es lógico pensar que, incluso sin conocer a fondo el temario, merecía la pena cualquier tipo de respuesta". Así, "siete opositores con notas más altas dejaron esa cuestión sin contestar, y todo ellos están entre los aspirantes llamados de la casa".
"VACANTES PARA FAMILIARES" Y DELITO DE PREVARICACIÓN
Asimismo, el escrito apunta que de las 25 plazas que se convocaron, "en al menos diez de esos candidatos se observa un patrón común de respuestas; tanto en aciertos, errores y preguntas en blanco", al tiempo que "cinco de esas vacantes fueron a parar a familiares directos de sargentos del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento".
Por todo ello, la querella señala que los hechos serían constitutivos de un delito de prevaricación que "se cometería en la conformación y corrección de los exámenes", redactados "intencionadamente de manera arbitraria y con la intención de alterar de forma irregular el resultado de la selección para beneficiar a algunos", además de que el conocimiento por parte de los opositores del contenido de las pruebas sería manifestación de la comisión del delito de violación de secretos.
