La Policía Nacional ha detenido a 34 personas y ha destapado en Córdoba un entramado empresarial creado supuestamente para defraudar a la Seguridad Social, tras investigar seis empresas cuyo titular al parecer realizaba contratos de trabajo falsos y altas irregulares con la finalidad de obtener subsidios por desempleo y permisos de residencia.
Según informa en un comunicado, la Policía estima que los trabajadores de estas empresas llegaron a percibir prestaciones por un valor de 205.000 euros.
La investigación de la denominada 'Operación Seguro', enmarcada en el Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, se inició a finales de noviembre tras la denuncia de una ciudadana extranjera que manifestaba que había sido víctima de una estafa por parte de un gestor que le prometió regularizar su situación en España a cambio del pago de 600 euros.
Los investigadores identificaron a un hombre que figuraba como titular y gestor de varias empresas, que además mantenían una deuda con la Seguridad Social de unos 200.000 euros, y determinaron que realizaba contratos de trabajo a nombre de seis empresas ficticias bajo su gestión, todas con apariencia formal, pero que no desarrollaban actividad laboral alguna.
Una vez analizada toda la información, los agentes comprobaron que las empresas se habían creado para recibir prestaciones sociales y para propiciar que personas extranjeras en situación irregular pudieran solicitar su regularización al justificar su actividad laboral. Los trabajadores de estas sociedades habían percibido prestaciones por desempleo por un valor total de 205.000 euros.
Así, se estableció un operativo y llevaron a cabo registros tanto en la asesoría como en el domicilio del principal investigado e intervinieron gran cantidad de documentación y material informático de las seis empresas, como contratos de trabajo, sellos, certificados, nóminas de trabajadores, facturas, seguros, escrituras de constitución de empresas, listados de trabajadores y empresas, movimientos bancarios.
Tras analizar la información, fue detenido el principal responsable, el asesor-consultor autorizado en todas las empresas ficticias, y otros cinco empresarios cordobeses presuntamente implicados en los mismos hechos. Además, localizaron y detuvieron a 28 trabajadores de las empresas ficticias, que habían solicitado prestaciones públicas indebidas (desempleo, subsidios, incapacidad temporal, jubilación anticipada...) y entre los que había varias personas extranjeras que habían tratado de regularizar su situación en nuestro país con los contratos fraudulentos.
