El PSOE ha instado este miércoles al Gobierno del PP a que "dialogue para buscar una solución" ante la finalización, el 31 de diciembre, de la renta antigua en los locales en alquiler, tras la aplicación del decreto aprobado por el Gobierno de la Nación, que suprimió la prórroga forzosa en los contratos de arrendamientos celebrados a partir de mayo de 1985.
En rueda de prensa, el secretario general del PSOE de Córdoba y senador por la Comunidad Autónoma de Andalucía, Juan Pablo Durán, ha explicado que es necesario alcanzar un "acuerdo y un equilibrio" entre los propietarios y los inquilinos de estos locales, "para mantener unas rentas de alquiler razonables".
Durán, junto a la presidenta del PSOE de Córdoba y senadora, Maribel Flores, el portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento en el Senado, el senador por Granada Juan Manuel Fernández Ortega, y el coordinador de Economía y Empleo del PSOE de Córdoba, Manuel Aguilar, han mantenido una reunión con representantes de UPTA, ATA, CEAT-CECO y Comercio Córdoba para analizar la situación y buscar propuestas de consenso.
El dirigente socialista ha asegurado que se trata de una problemática "que no solo va a afectar a los comerciantes", sino a la economía en general, porque se trata de locales que llevan más de 30 años ocupados, mientras que ahora "una parte de ellos van a desaparecer, lo que puede influir también en la pérdida de las señas de identidad de una ciudad", como Córdoba, en la que el turismo tiene un peso importante.
Para intentar llegar a una solución con todas las partes implicadas, el Grupo Socialista en el Senado va a presentar una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015, en la que se insta al Gobierno a que apruebe una moratoria de cinco años para la finalización del plazo de las rentas antiguas.
El portavoz socialista en la Comisión de Fomento del Senado y senador por Granada, Juan Manuel Fernández, ha hecho hincapié en que se trata de un "problema real" que puede afectar a alrededor de 2.000 establecimientos en Córdoba y sobre el que "llevamos más de un año intentando llamar la atención".
Fernández ha indicado que la presentación de la enmienda se justifica en que "aún estamos a tiempo" de adoptar medidas para que "no se pongan en riesgo tantos puestos de trabajo", pues, además, "se van a cambiar salarios dignos por salarios basura".
El objetivo es conseguir que el Gobierno del PP "se siente con todas las partes para que ninguna salga perjudicada" y conseguir una salida de consenso, que no afecte tampoco a los propietarios de los locales y cause el menor impacto posible a la economía".
