El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga los presuntos encargos ilegales que BBVA habría hecho al ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo ha solicitado al banco que le envíe "toda la documentación" relativa al "proceso de salida" de la entidad de los ex directivos investigados, excepto los que fueron despedidos antes del 1 de marzo de 2018.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, donde el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, accede a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción.
El instructor explica que dicha documentación "ha de incluir todo lo referente al despido, jubilación, prejubilación, etc. y, en aquellos casos en que se hubiese pactado algún tipo de indemnización, la referencia al clausulado del contrato en que se preveía dicha indemnización".
"Podemos estimar que dicha petición es útil y pertinente, con la finalidad de aclarar los hechos que se investigan, con los que presenta una notable relación", expone el magistrado.
No obstante, aclara que, "a la vista del estatus procesal de BBVA, de su condición de investigada y de su derecho a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable, no se le requiere forzosamente la entrega de dicha documentación, sino que se le oficia para que la aporte, de modo voluntario".
García Castellón indica que su petición parte de un correo electrónico remitido de forma anónima a Fiscalía el pasado 21 de diciembre, titulado 'BBVA-Corrochano', en alusión al ex jefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano, donde "se señalaba que se estaba obviando un 'factor importante', concretado en 'quién y por qué decidió pactar una salida amistosa con Corrochano a comienzos de 2018'".
"En 2017 Villarejo entra en prisión, el SEPBLAC pregunta y, sin abrir investigación, se echa a Corrochano con 900.000 euros de finiquito. ¿Cuál fue el criterio para hacerlo y luego despedir a otros directivos unos meses después? ¿Influye todo esto en la actitud procesal de Corrochano?", añadía el 'email', de acuerdo con la resolución judicial.
Cabe recordar que en esta pieza separada del 'caso Villarejo', García Castellón examina los contratos de BBVA con el grupo empresarial del comisario jubilado, CENYT, para distintos proyectos --presuntamente ilegales-- al menos entre 2004 y 2017, unos trabajos por los que la entidad habría pagado al policía retirado más de 10 millones de euros.
