El Gobierno tailandés avisó ayer al frente de los llamados camisas rojas que tiene de plazo hasta el lunes para disolver a sus manifestantes, a pesar de haber renunciado al plan de imponer el toque de queda en la zona central de Bangkok tras la violencia que ha causado al menos 30 muertos, en cuatro días.

A pocas horas de que entrase en vigor la medida anunciada poco antes por el primer ministro, Abhisit Vejjajiva, y el Ejército, un jefe militar comunicó que el centro de mando de operaciones para la seguridad, había considerado innecesario imponer el toque de queda.

“No es necesario por ahora emplear esta medida, porque tememos que puede tener un impacto adverso”, dijo el secretario del jefe del Estado Mayor del Ejército, general Aksara Kerdhpol, en rueda de prensa.

La indecisión en el seno Gobierno surgió un día después de que la televisión estatal difundiera imágenes de todos los altos mandos reunidos, para dar una deliberada señal de unidad en una institución proclive a las divisiones.

La reacción pública de los cabecillas de los camisas rojas, que el día antes pidieron un alto el fuego, fue reiterar sus disposición a retomar la negociación con el Gobierno bajo la condición de que retirara las tropas que cercan la zona de unos tres kilómetros en la que se atrincheran desde hace cinco semanas.

“No ponemos ninguna otra condición. No más perdidas de vidas humanas”, anunció a los manifestantes Natthawut Sakua, uno de los 24 líderes del frente.

También el dirigente de los camisas rojas sugirió que en el caso de que el Gobierno acceda a retomar el diálogo, en éste tendrá que participar Naciones Unidas en calidad de mediador.

Pero en respuesta la oferta de los camisas rojas, el Gobierno insistió en que las tropas continuarán en las calles de la capital para restablecer el orden e intensificar el cerco al campamento de los camisas rojas.

“Si de verdad quieren hablar, no deben imponer condiciones” dijo Korbsak Sabhavasu, secretario general de la jefatura de Gobierno.

Antes, el frente antigubernamental comunicó a los manifestantes que tenían libertad para abandonar o continuar en el campamento, de unos tres kilómetros cuadrados y en el que las provisiones escasean desde que las tropas empezaron a limitan la entrada de víveres.

Saikua precisó que el frente había dado órdenes a los servicios de seguridad de la base roja de permitir la salida por cualquiera de los accesos.