El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, inscrito en el grupo de liberales europeos, ha presentado una pregunta parlamentaria escrita a la Comisión Europea sobre el “boicot” de Argelia a la empresa española.

Como represalia a la posición de España sobre el Sahara, Argelia suspendió en 2022 unilateralmente el Tratado de Amistad, Cooperación y Buena Vecindad con España, lo que ha causado importantes estragos a numerosas empresas españolas, destaca el eurodiputado.

Este ataque contra los intereses económicos españoles ha supuesto, según la pregunta presentada por el eurodiputado, pérdidas de 1.086,7 millones de euros a las empresas españolas. “La mayoría de las empresas afectadas son pymes que realizan envíos de manufacturas, además de grandes empresas agroalimentarias, tecnológicas y de infraestructuras”, según se afirma en la pregunta parlamentaria.

El vicepresidente de la Comisión y Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha reclamado a Argelia que acabe con los obstáculos comerciales impuestos a España, ya que estos perjudican el Acuerdo de Asociación entre la UE y el país del Magreb. Sin embargo, la Comisión no ha aplicado medidas concretas para revertir esta situación.

Ante esta situación, el eurodiputado ha formulado dos preguntas a la Comisión Europea. La primera, sobre las medidas que va a implementar la Comisión para proteger a las empresas europeas afectadas, la mayoría de las cuales son pymes. La segunda, sobre si la Comisión va a adoptar medidas para proteger e implantar el Acuerdo de Asociación entre la UE y Argelia.

La Comisión Europea deberá responder a estas preguntas y tomar medidas concretas para proteger a las empresas europeas afectadas, así como garantizar la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Argelia.

La suspensión unilateral del Tratado de Amistad con España por parte de Argelia no solo afecta a las empresas españolas, sino también a otras empresas europeas que operan en el país del Magreb. El eurodiputado indica que la Comisión Europea tiene la responsabilidad de proteger los intereses de las empresas europeas y garantizar el cumplimiento de los acuerdos comerciales entre la UE y terceros países.