Así consta en el texto de acusación, de 19 páginas y que fue difundido por la Fiscalía noruega, que mantiene no obstante la incógnita sobre la pena que solicitará durante el juicio, que podría ser de cárcel, de custodia o de internamiento forzoso en una institución psiquiátrica.
De acuerdo con la conclusión del primer examen mental al que fue sometido Breivik, que dictaminó que es un psicópata y que está legalmente incapacitado, los fiscales pedirán su ingreso forzoso en una institución psiquiátrica, ya que no se cumplen las condiciones para que sea condenado a una pena de cárcel, según las leyes noruegas.
Pero los fiscales Inga Beijer Engh y Svein Holden resaltaron que hay una "reserva", condicionada al resultado del nuevo examen psiquiátrico que está haciendo otro equipo de expertos a Breivik por orden judicial, tras las críticas al informe inicial.
Si el fundamentalista cristiano de 33 años es declarado legalmente capacitado, la Fiscalía podría pedir entonces una pena de cárcel o de custodia de 21 años, tal y como ya había anunciado el fiscal general del Estado la semana pasada.
La custodia ("forvaring") es una figura legal que puede equivaler en la práctica a una cadena perpetua, ya que una vez cumplida la pena, esta puede ser prorrogada de forma indefinida cada cinco años, si se considera que el reo sigue siendo un peligro social.
Pero si la conclusión del segundo examen mental a Breivik, es la misma que la del primero, la Fiscalía mantendrá entonces su petición inicial y se da por hecho que Breivik será ingresado en un centro psiquiátrico.
En la fase inicial de la investigación del caso, se mencionó la posibilidad de que el ultraderechista fuese acusado de crímenes contra la humanidad, un delito penado en Noruega con hasta 30 años, pero esa idea ha sido descartada.
"El delito no cumple con las condiciones necesarias. Sería necesario un carácter más colectivo, que hubiera hecho esto junto con otras personas", señaló la fiscal Engh al explicar por qué se descartó el cargo de crímenes contra la humanidad.
La acusación, que ha sido difundida en su totalidad, considera como dos actos terroristas separados el atentado con coche-bomba contra el complejo gubernamental de Oslo y los asesinatos a tiros cometidos luego en la isla de Utøya, en el campamento de las Juventudes Laboristas.
En el escrito se mencionan los nombres de las 77 víctimas, los heridos graves en Oslo y los heridos de bala en Utøya, pero no el resto de heridos o afectados por los atentados, ya que elevaría la cifra a entre 600 y 800 personas.
Holden justificó la decisión porque de haber incluido a todos los afectados, la acusación sería "inservible" como herramienta de trabajo para la Fiscalía y el tribunal, dificultaría la preparación del caso a todas las partes y alargaría mucho el proceso judicial.
"El resultado dará al tribunal una buena idea de la dimensión total de los hechos en el complejo gubernamental y en Utøya. A los afectados que no son mencionados les diría que entendemos que puedan sentir esto como algo duro y problemático", afirmó Holden.
Según el escrito de acusación, 67 de los 69 muertos en Utøya, donde ese día había 564 personas, fallecieron por disparos mortales, mientras dos de las víctimas perdieron la vida al caer o ahogarse.
Del total de muertos, 34 tenían entre 14 y 17 años y 22 entre 18 y 20, mientras que otras 33 personas resultaron heridas de bala, por lo que Breivik será acusado también de intento de asesinato.
En el recinto de oficinas gubernamentales en Oslo murieron 8 personas y 9 sufrieron heridas de gravedad.
"La Fiscalía nunca antes había usado la ley antiterrorista como es aplicada en este caso. No tenemos ninguna praxis judicial a la que recurrir", declaró Engh.
Breivik, que conoció el contenido de la acusación antes de que ésta fuese hecha pública, se ha mostrado "decepcionado" por el hecho de que los fiscales vayan a pedir inicialmente su ingreso en un psiquiátrico, ya que considera que está legalmente capacitado, según ha declarado su abogado, Geir Lippestad.
El presidente del Grupo nacional de apoyo a las víctimas del 22 de julio, Trond Blattmann, ha dicho estar satisfecho con que a Breivik se le aplique la ley antiterrorista y se ha mostrado comprensivo con que no hayan sido incluidos los nombres de todos los afectados en el caso.
