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España

El TSJA decidirá sobre las grabaciones de Mercasevilla

La Audiencia de Sevilla ya ha remitido los recursos al TSJA

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La Audiencia Provincial de Sevilla ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los recursos presentados por los imputados por el supuesto intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios del Grupo La Raza como condición para ser adjudicatarios de la escuela de hostelería de Mercasevilla, recursos en los que piden la nulidad de la grabación que dio lugar a la investigación judicial.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que ha sido en estos días cuando, desde la Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial de Sevilla, se han remitido al Alto Tribunal andaluz los recursos contra el auto dictado el pasado mes de enero por el magistrado designado para presidir el juicio con jurado, Ángel Márquez, quien confirmó la canalización del caso por el procedimiento de la Ley del Tribunal del Jurado y desestimó las peticiones de nulidad de la grabación, acordando además “apartar del procedimiento” al PSOE.

A partir de ahora, será el TSJA el que deba decidir sobre estos recursos. En este caso están acusados el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet; su antiguo director adjunto, Daniel Ponce; el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos, para cada uno de los cuales la Fiscalía pide una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho.

Una prueba “provocada”

En los recursos elevados ante la Audiencia Provincial, el letrado de Mellet, José Manuel Carrión, pidió que el caso sea enjuiciado por un tribunal profesional y no por un jurado popular así como la nulidad de la grabación, ya que entiende que ésta “es nula a todos los efectos” y “determina la anulación de todo el procedimiento y el archivo y sobreseimiento de la causa”.

La grabación “no es espontánea y se produce con una clara provocación”, señaló el abogado, mientras que el letrado de Daniel Ponce, Simón Fernández Rebollo, también pidió la nulidad de la grabación, pues se trata de una prueba “provocada”. Sin embargo, la Audiencia rechazó todos estos argumentos y señaló que “en modo alguno se aprecia una inducción o provocación”.

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