Conducir duplicando la tasa de alcohol permitida o ser reincidente será multado con 1.000 euros, mientras que el resto de positivos seguirán estando sancionados con 500 euros, como hasta ahora, después de un acuerdo alcanzado a última hora entre el PP y CiU, al que se han sumado el resto de grupos --salvo el PSOE, que se ha abstenido--, durante la tramitación de la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que ha sido aprobada este martes por la Comisión de Interior del Congreso.

   La reforma, que será enviada ahora al Senado, ha salido adelante con los votos a favor del PP y CiU, que durante el trámite en el Congreso han pactado, a propuesta del grupo catalán, una rebaja del proyecto inicial del Gobierno de multar con 1.000 euros cualquier positivo en alcohol. Finalmente, esa multa sólo se aplicará a los conductores que dupliquen la tasa de alcohol, se nieguen a realizar la prueba o sean reincidentes, al haber sido multados por alcoholemia durante el último año. También se mantiene, a la espera de lo que se negocie en el Senado, la multa de 1.000 euros a los conductores que den positivo en drogas.

   El PSOE e IU, que se han mostrado críticos con la subida de las sanciones por alcoholemia y la obligatoriedad del casco para los ciclistas en el ámbito urbano --otra de las novedades de la reforma-- han votado en contra del proyecto, mientras que PNV, UPyD y UPN se han abstenido.

   Igualmente, el texto que ha salido del Congreso incluye el acuerdo que ya habían alcanzado PP y CiU durante el trámite de la ponencia para rebajar de 18 años, que había propuesto el ejecutivo, a 16 años la edad por debajo de la cual será obligatorio llevar casco para montar en bicicleta en ciudad. Actualmente, sólo es obligatorio el uso del casco en vías interurbanas.

   A su vez, la normativa abre la puerta a un futuro cambio en los límites de velocidad, alcanzando los 130 kilómetros por hora en algunos tramos de autovías y autopistas. Aunque la ley no eleva estos límites, permite que el Gobierno pueda hacerlo en un futuro, mediante una modificación del Reglamento de Circulación, y establece las sanciones para cuando estos límites estén en vigor.

   Durante el debate en comisión, la oposición se ha mostrado crítica con el aumento de las multas por alcoholemia de 500 a 1.000 euros. Así, Jordi Jané, diputado de CiU, grupo que había propuesto establecer la multa de 1.000 euros sólo cuando se superara el límite de 1 gramo por litro en sangre o en el caso de los reincidentes, ha criticado que se pretendiera "de forma indiscriminada" multar con 1.000 euros "cualquier positivo" por "afán recaudatorio".

   Tras el acuerdo con el PP, Jané se ha felicitado de haber eliminado "la desproporción inicial del Gobierno" y que las sanciones sean más "racionales". Igualmente, la portavoz del PP, Concha Bravo, se ha congratulado del pacto, así como de que la reforma haya salido adelante por "amplia mayoría" y ha lamentado que "el PSOE no haya querido negociar".

   Desde la bancada socialista, el portavoz en la materia, Carlos Corcuera, ha justificado su postura porque "sea de 0,20 o sea de 1 gramo por litro" la tasa de alcoholemia detectada en sangre, "una sanción de este tipo puede arruinar la vida de muchas personas" dada la actual situación económica. "Lo único que se quiere es cobrar dinero y no solucionar el problema", ha espetado.

   En este sentido, la diputada socialista Helena Castellano ha asegurado que subir de 500 a 1.000 euros la multa por alcoholemia es "una auténtica barbaridad" porque supone elevar la sanción de "una cuantía muy importante" a otra que "muchas familias tendrían problemas para afrontar". Por su parte, el diputado de UpyD, Toni Cantó, ha acusado al Gobierno de "subir las multas y bajar las inversiones en infraestructuras". "Por subir las multas no van a salvar más vidas", ha enfatizado.

   A estas críticas ha respondido la portavoz popular, quien aunque ha señalado que entiende el impacto que puede tener en algunas familias una multa de 1.000 euros, ha subrayado que también comprende la postura de la Dirección General de Tráfico (DGT), en el sentido de que "hay que ser muy firme con las posturas de no al alcohol y no a las drogas".

   CASCO PARA CICLISTAS MENORES DE 16 AÑOS

   En cuanto al tema del casco, otra de las medidas más polémicas incluidas en la reforma, la diputada 'popular' ha señalado que "todos los expertos" recomiendan el casco obligatorio para menores de 14, 16 o 12 años, y la edad elegida es "una entente", que supone "un consenso" entre la postura de los que están en contra de que se prohíba a los ciclistas conducir sin casco y los que creen que debería ser obligatorio.

   Mientras, el portavoz del PSOE en la materia, Carlos Corcuera, ha calificado de la medida de "desproporcionada" y ha indicado que "pretende matar moscas a cañonazos". "¿Qué sera lo siguiente? ¿Obligar al uso del casco para jugar en los columpios?", se ha preguntado.

   También el diputado de IU Ricardo Sixto se ha mostrado contrario a la medida porque, a su juicio, "la última edad razonable para obligar a llevar el casco serían los 12 años", ya que de lo contrario se va a "empujar" a los adolescentes a usar ciclomotor. Mientras, el diputado del PNV Joseba Agirretxea se ha opuesto al acuerdo, ya que, en su opinión, "es quitar competencias municipales" y deberían ser los Ayuntamientos quienes determinaran la edad mediante ordenanzas municipales.

   Desde CiU, partido que pactó con el PP rebajar a 16 años la propuesta inicial del Gobierno de obligar a llevar casco a todos los ciclistas menores de 18 años en el ámbito urbano, Jané ha asegurado que "no tendría ningún inconveniente" en negociar para fijar "una edad menor" durante la tramitación en el Senado y ha indicado que 16 años es el "punto de encuentro" que han encontrado con el PP. "Si hubiera sido más baja, mejor", ha indicado.

   CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN A LOS 130 KM/H

   Respecto a los límites de velocidad, la portavoz del PP ha querido dejar claro que "la voluntad del Gobierno es mantener de forma general el límite de velocidad en 120 km/h" en autopistas y autovías y que, sólo "excepcionalmente, en determinados tramos y bajo ciertas condiciones" se aumentará ese límite a los 130 km/h, "todo ello con el objetivo de mejorar la seguridad vial".

   Esta postura del PP y del Gobierno ha despertado críticas entre las filas de la oposición. Así, el portavoz del PSOE ha apuntado que "está sobradamente demostrado que la velocidad mata". Además, ha señalado que el casco puede "en el mejor de los casos" salvar la vida a "una veintena" de ciclistas.

   Por su parte, el diputado de Izquierda Plural, Ricardo Sixto, se ha mostrado en contra de una posible subida de la velocidad a 130 km/h porque "parece claro el axioma de que a mayor velocidad, mayor siniestralidad" y puede ser "un favor a determinadas concesionarias". En este mismo sentido, el diputado del PNV se ha preguntado a qué viene la medida si se va a aplicar con tanta excepcionalidad.

   La reforma de la Ley de Tráfico aprobada por el Gobierno también incluye cambios en la regulación de los sistemas de retención infantil, prohíbe los detectores de radar (no los avisadores, que continuarán siendo legales), crea la Conferencia Sectorial de Tráfico y Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y refuerza labores de control y supervisión a las autoescuelas y centros de reconocimiento médicos.

Asimismo, durante su paso por la Cámara Baja, se ha introducido una enmienda, a propuesta del PSOE, por la cual los enfermos oncológicos podrán conducir si su médico lo permite. Otros acuerdos alcanzado, son el cambio a azul de la señal luminosa vehículos prioritarios, la posibilidad de cerrar una o restricciones por motivos medioambientales. Además, se ha dado luz verde a a la parada o estacionemiento de las grúas de auxilio en carretera por el tiempo indispensable.