La mediación permite a las partes ser parte de la solución, no solo del problema, y si fuera la "I+D en Justicia", su uso ahorraría más de 500 millones al año en España, según explica a Efe el juez Juan Francisco Mejías, coordinador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en asuntos de mediación.
Con motivo de la celebración del Día Europeo de la Mediación, Mejías, titular del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia y uno de los cuatro candidatos a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano, defiende que la mediación "permite hacer justicia con rostro humano, considerar aspectos sentimentales que no afloran en un proceso normal".
Como mecanismo de resolución de conflictos, explica, la mediación es más ágil y flexible que la justicia ordinaria, es voluntaria, confidencial, se puede utilizar en cualquier momento procesal (incluso en la fase de ejecución) y los acuerdos alcanzados y aprobados judicialmente tienen la misma validez que una sentencia.
"La mayor parte de conflictos que vemos en los juzgados son como un iceberg, del que sólo se ve una pequeña parte. Al resolver el conflicto sólo resolvemos una parte del problema, el iceberg continúa ahí. Por eso la mediación resulta especialmente útil para abordar problemas crónicos, de convivencia, asuntos laborales o familiares".
También es útil en el ámbito mercantil y laboral e incluso el penal, donde la mediación tiene el objetivo de proteger a la víctima y reparar el daño, es decir, que el responsable ha de pedir perdón, reparar económicamente a la víctima y hacer algo por ella.
"Es algo que funciona muy bien en países como Estados Unidos", añade Mejías, para quien esta forma de resolución de conflictos permite una tutela judicial efectiva de calidad, las soluciones son encontradas por las partes y facilita su mejor cumplimiento.
Las razones económicas son otro de los argumentos esgrimidos por quienes defienden el valor de la mediación, y es que, según detalla este experto, "un juicio cuesta más de 3.000 euros a las arcas del Estado, mientras que un proceso de mediación supone menos de 300".
Estudios recientes concluyen que si se derivase a mediación el 10 % de los asuntos se podría obtener un ahorro de 177 millones de euros en el ámbito nacional (20 en la Comunitat Valenciana) y si se lograse alcanzar el 30 %, el ahorro sería superior a los 530 millones (50 en la Comunitat Valenciana), según el coordinador del CGPJ.
Pero para avanzar en esta materia, advierte, "todos los profesionales del ámbito de la Justicia se lo han de creer, es una cuestión de mentalización".
"La mediación sólo puede ser una amenaza para el jurista desde una visión cortoplacista. Un buen profesional siempre persigue la mejor solución del conflicto y, en definitiva, no se puede navegar contra el viento", apunta Mejías, quien defiende además la intervención de profesionales no vinculados al Derecho.
"Un coro formado sólo por tenores no sonaría bien. En ocasiones resulta útil la intervención en el proceso de arquitectos, psicólogos, economistas o periodistas especializados en mediación", agrega.
De momento, la mediación no puede ser más que una recomendación. "Sería bueno que se pudiese obligar a las partes al menos a acudir a la primera sesión, para que se informen, pero actualmente no tienen obligación legal de acudir a un proceso que sólo puedo recomendar, aunque yo lo hago con fecha y hora".
"Cuando un juez británico deriva un asunto a mediación y una parte se niega a acudir es condenada en costas aunque gane, por usar el proceso de forma arrogante, por negarse a hablar. En comparación con nuestro entorno estamos en mantillas, y frente a países como Estados Unidos, Canadá o Australia -donde incluso hay una facultad de mediación-, unos 25 o 30 años por detrás", lamenta.
A su juicio, la apuesta por la mediación debe traducirse en una mayor inversión por parte de la Administración.
