La Sindicatura Electoral de Catalunya ha acreditado a la ANC, a Òmnium Cultural y a seis entidades más para que tengan espacios propios de difusión y publicidad en la campaña del referéndum.
Según el acuerdo, recogido por Europa Press, se ha acreditado también a la Plataforma per la Llengua, el Cercle Català de Negocis, Procés Constituent, la Intersindical, Solidaritat Catalana per la Independència y Guanyem Badalona En Comú.
La ley del referéndum establece que los espacios públicos destinados a la campaña electoral y la publicidad en los medios de comunicación públicos se dividirán en un 70% para los partidos y en un 30% para entidades acreditadas por la Sindicatura Electoral.
Para acceder a estos espacios, las entidades interesadas debían presentar firmas de apoyo ciudadano hasta el 14 de septiembre --un plazo que se amplió-- y la Sindicatura ha repartido ahora el 30% de espacio en función de los avales obtenidos.
Òmnium ha sido la entidad que más avales ha recogido con un total de 75.160 y eso le hace tener el 45% del espacio reservado: le siguen la ANC (39,8%), Plataforma per la Llengua (8,2%), el Cercle Català de Negocis (4,84%), Procés Constituent (2%), la Intersindical (0,05%), Solidaritat Catalana per la Independència (0,04%) y Guanyem Badalona En Comú (0,03%).
También han presentado avales la Agència del Cens Català, la Estelada 2014 y la Fundació Catalunya Fons per la Defensa dels Drets dels Catalans, pero han sido insuficientes como para obtener espacio electoral.
LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL ES NEUTRAL
La Sindicatura también ha emitido otro acuerdo por el que establece que la campaña institucional promovida por el Govern "reúne los parámetros de neutralidad exigidos" por la ley del referéndum, y se ajusta a los objetivos de incentivar la participación e informar sobre la fecha y las modalidades de voto.
Otro acuerdo del ente electoral modifica la potestad de las sindicaturas electorales de demarcación para acreditar apoderados e interventores de los partidos y organizaciones que participan en el referéndum.
Ahora esta competencia pasa directamente a los partidos y organizaciones para que sean ellos mismos los que acrediten a sus interventores y apoderados.
