El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha anunciado este lunes que deja la presidencia de la corporación provincial "convencido de su inocencia" y de la de su equipo. "Lo hago desde la lealtad a la ciudadanía que siempre ha guiado mis pasos, seguro de mi inocencia y seguro de que para demostrarla hoy es mejor estar fuera de la institución que dentro de ella", ha manifestado.
El también alcalde de Ontinyent se ha pronunciado en estos términos en una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que ha estado arropado por trabajadores de la corporación y diputados provinciales del PSPV como Toni Gaspar y Pablo Seguí, tras haber sido detenido y puesto en libertad con cargos en el marco de la 'Operación Alquería' que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo de Divalterra, empresa pública dependiente de la corporación provincial.
Antes de atender a la prensa, en una comparecencia en la que no ha admitido preguntas, Rodríguez ha sido vitoreado y aplaudido por miembros de la corporación y representantes de municipios valencianos al grito de: "Jorge, Jorge". Al finalizar, se han vuelto a escuchar aplausos y el nombre de su localidad "Ontinyent".
"Presento mi dimisión convencido de mi inocencia y la de mi equipo, pero convencido también de que mi continuidad al frente de la institución no puede contribuir hoy al cambio de percepción en el que tanto hemos trabajado a lo largo de este tiempo. Lo hago desde la lealtad a la ciudadanía que siempre ha guiado mis pasos, seguro de mi inocencia y seguro de que para demostrarla hoy es mejor estar fuera de la institución que dentro de ella", ha señalado.
Rodríguez, suspendido de militancia por el PSOE, fue detenido el pasado miércoles en un presunto caso de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa en mayo 2018 tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. El juez, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra en 2015, le dejó en libertad con cargos tras acogerse a su derecho a no declarar. Las diligencias están declaradas secretas.
