La Fiscalía ha pedido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que no investigue al presidente del PP, Pablo Casado, por las presuntas irregularidades en su máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) "al no existir indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal".
En su escrito, el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, solicita el archivo de la exposición razonada que la jueza del caso máster elevó contra el líder de los populares por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio.
La titular de Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, sostiene que existen "indicios" de que el líder de los populares obtuvo el máster de la URJC como un "regalo académico por su relevancia política e institucional".
Pero en un escrito de ocho páginas, el fiscal considera que esos indicios en los que se basa la magistrada "no son lo suficientemente consistentes ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento".
Y añade que dicho procedimiento "sería meramente prospectivo, al no existir indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado, ni haber quedado acreditado de forma alguna, ni siquiera indiciaria, que existiera concierto del sr. Casado Blanco con cualquiera de los demás investigados", como sí sostiene la jueza del caso máster.
El teniente fiscal del Supremo no ve en la exposición razonada dato alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria -al menos en relación con Casado-, la existencia de un concierto previo del exdirector del Instituto de Derecho Público y principal implicado en la causa, Enrique Álvarez Conde, con lo que la jueza denomina "un grupo de alumnos escogidos" para matricularse en el máster.
Siguiendo la tesis defendida por el líder del PP, el fiscal cree que no hay indicios de que Álvarez Conde se concertase con Casado o con un grupo de alumnos para que se matriculasen en el máster a cambio de que el catedrático se lo regalase sin hacer nada.
Esto, a juicio de la Fiscalía, es una afirmación "carente de prueba alguna" que "no pasa de ser una mera sospecha o conjetura".
Un argumento, este último, que puede condicionar la investigación del caso máster que se vertebra en base a los supuestos favores de Conde hacia unos determinados estudiantes para, finalmente, obtener el título de posgrado en forma de regalo.
Y aunque el fiscal señala en su informe que partiendo de los indicios de la instructora "podría plantearse" la comisión del delito de cohecho impropio de Casado, no profundiza en este aspecto al destacar que está prescrito -el plazo es de cinco años-.
Así, el cohecho sólo tendría trascendencia penal si hubiera un concurso medial con el de prevaricación administrativa y se admitiera la participación de Casado como cooperador necesario, una situación que la Fiscalía rechaza de plano.
El Ministerio Fiscal incluso acusa a la magistrada de "obviar" completamente los requisitos y exigencias de la doctrina del Tribunal Supremo y la recuerda que "comportamientos neutrales", como puede ser la formalización de la matrícula o el pago de tasas, no pueden ser tenidos en cuenta "si no tienen un sentido objetivamente delictivo".
En ese sentido, manifiesta que algunos de los indicios que maneja la instructora para imputarle prevaricación, como la inclusión del máster en su CV, es "completamente inocuo" a los efectos que interesan dado que sería una "conducta posterior e intrascendente" a la supuesta comisión del delito.
Precisamente, este argumento coincide con la versión que sostiene el propio Casado en un escrito de 28 páginas que entregó al Tribunal Supremo hace días de manera voluntaria.
La Fiscalía responde así al Supremo, que el pasado día 13 pidió que emitiera un informe sobre si debe o no investigar a Casado, si bien la opinión del Ministerio Público no es vinculante para los cinco magistrados que componen la sala que deberá tomar una decisión definitiva al respecto en las próximas semanas.
Dicha Sala está compuesta por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, y los magistrados Pablo Llarena, Ana Ferrer, Francisco Monterde y Miguel Colmenero.
Este último ha sido designado como ponente encargado de redactar la resolución que deberá exponer ante el resto de la sala.
Fuentes jurídicas consultadas por Efe explican que la Sala maneja finales de septiembre o principios de octubre como fechas para reunirse y tomar la decisión al respecto, pues la intención de los magistrados es no demorar mucho este asunto.
