El Pleno del Congreso ratificará el jueves, previsiblemente con amplia mayoría, las 21 recomendaciones sobre pensiones del Pacto de Toledo y se debatirán las 17 propuestas de cambio provenientes en su mayoría de los 14 votos particulares de ERC, EH Bildu y BNG, a los que se suman 1 del PP y 2 de Ciudadanos.
Sin embargo, estos votos particulares no impedirán que se renueve por tercera vez en 25 años el "Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo" que fue aprobado en comisión parlamentaria con el voto en contra de VOX y las abstenciones de ERC y EH Bildu.
De hecho, todos los portavoces parlamentarios han destacado el diálogo constructivo que ha protagonizado el Pacto de Toledo presidido por la exministra de Trabajo Magdalena Valerio y cuyo afán de consensuar ha sido destacado por todos.
Entre las 21 recomendaciones que han conseguido renovar tras 4 años de trabajo y cuando se cumple el 25 aniversario de la creación del Pacto se encuentra la revalorización de las pensiones conforme el IPC real, lo que supone la eliminación del índice del 0,25 % aprobado por el gobierno del PP sin consenso.
En esta ocasión el informe ahonda en la separación de las fuentes de financiación para acabar con el déficit de la Seguridad Social en 2023 y detalla recomendaciones como la posibilidad de elegir los años más favorables en el cálculo de la pensión para no perjudicar carreras laborales con periodos de desempleo y de precariedad.
Acercar la edad real de jubilación a la edad legal, impulsar el empleo entre los jóvenes y los inmigrantes, así como las carreras de cotización de las mujeres o incorporar aportaciones del nuevo mercado laboral más tecnológico a la Seguridad Social son algunas novedades de estas propuestas.
No obstante, ERC, EH Bildu y BNG se han sumado a un paquete de votos particulares que casi supone una enmienda a la totalidad del documento, y entre sus propuestas instan a subir las pensiones mínimas igual que el salario mínimo o a volver a la edad legal de jubilación de los 65 años.
Estas formaciones, que no apoyan las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, también piden derogar el factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida, suspendido temporalmente.
Destopar las bases máximas de cotización, eliminar los incentivos fiscales a los planes de pensiones privados, derogar la ampliación de 15 a 25 años del periodo de cálculo de las pensiones o dar el derecho a cobrar el 100 % de la pensión a las personas con 35 o más años de cotización excluidos del mercado laboral y que tengan que jubilarse involuntariamente, son otros votos particulares.
Pero, sobre todo, ERC lamentará que las recomendaciones no dejen claro el "saqueo" del Estado a la Seguridad Social durante años, caballo de batalla de esta formación que pide una auditoría del Fondo de Reserva para saber a dónde se desviaron los recursos excedentes de las cuentas de la Seguridad Social que no fueron utilizados para pagar los gastos propios y los impropios antes del año 2000.
Pero, además de estas enmiendas, el Pleno debatirá y votará otras tres: la registrada por el PP que pide mejorar los incentivos fiscales a los sistemas de ahorro complementarios a las pensiones, tanto de empresa como individuales, y las dos de Cs vinculadas a la jubilación activa y a mejorar los planes de pensiones de empresa con el fin de crear la denominada "mochila austríaca".
