El PP ha acusado al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de querer "blanquear la okupación" tras modificar la ley y exigir ahora "violencia e intimidación" para poder desalojar a los 'okupas' de una vivienda. A su entender, ese cambio que recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la ley de protección de los consumidores vulnerables, es "inconstitucional" y por eso el PP lo recurrirá en los tribunales.

Así lo ha asegurado la vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, tras publicarse esta semana en el BOE ese real decreto ley que introduce un cambio con respecto a la norma aprobada en diciembre, ya que aquella permitía los lanzamientos en todos los casos en los que hubiese delito.

Sin embargo, en el decreto publicado esta semana y que el Congreso de los Diputados ahora deberá convalidar, el Ejecutivo cambia el texto y señala que solo se permitirá el lanzamiento cuando "la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas".

"EL GOBIERNO NO RESPETA LA PROPIEDAD PRIVADA"

Rodríguez, exministra de Medio Ambiente y exsecretaria de Presupuestos en los Gobiernos del PP, considera que estos cambios evidencian que el Ejecutivo "no respeta la propiedad privada". "La okupación es un ataque contra la propiedad", ha enfatizado.

Además, ha criticado que una modificación de este tipo se haga "por la puerta de atrás" y ha señalado que esto demuestra que hay una parte del Gobierno que "no cede en sus objetivos", en alusión a Podemos. "A mi me recuerda al 'Exprópiese' de Maduro y Chávez", ha enfatizado.

La responsable de Sectorial del PP ha destacado que hay un "salto conceptual muy importante" entre que "no se desahucie al que no puede pagar el alquiler y que no se desahucie al okupa". "Estás poniendo puerta abierta a que ocupe cualquiera", ha avisado, para recalcar que "cada vez hay más ocupación en España" y "cada vez más mafias viven de esto".

PEDIRÁ QUE EL PROYECTO SE TRAMITE COMO PROYECTO DE LEY

La dirigente del PP ha adelantado que el Grupo Popular solicitará la tramitación como proyecto de ley de ese real decreto ley de protección a los consumidores, aunque se ha quejado de que luego los partidos que sustentan al Gobierno hacen "caso omiso del mandato del Parlamento".

Además, ha subrayado que su partido recurrirá ese real decreto en los tribunales y ha recordado que el PP ya presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Catalana de Alquiler por considerarla un ataque a la propiedad privada.

"No solo no descartamos ir a los tribunales sino que estamos convencidos de que es inconstitucional y no lo podemos dejar ahí", ha confirmado Elvira Rodríguez a Europa Press, en línea con lo que ya adelantó este sábado Pablo Casado en Barcelona.

El líder del PP anunció que su formación llevará al Tribunal Constitucional ese decreto ley que, a su juicio, "facilitar la okupación en España". A su entender, la seguridad jurídica, la propiedad privada, la libertad individual y el libre mercado son principios básicos de la prosperidad de cualquier sociedad avanzada y "están siendo atacados con membrete oficial donde gobierna la izquierda, los independentistas y populistas".

EL PP Y SU LEY CONTRA LA 'OKUPACIÓN' ILEGAL

El PP ya presentó hace meses en el Congreso una proposición de ley contra la 'okupación' ilegal --aún no se ha debatido en Pleno-- que incluye recuperar el delito de usurpación que lleve aparejado condenas de uno a tres años de cárcel y el desalojo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "en 24 horas o en un máximo de 48 horas".

El primer partido de la oposición plantea además prohibir que los ayuntamientos permitan empadronarse a los 'okupas' y que las comunidades de vecinos, ante comportamientos violentos de los 'okupas', puedan actuar directamente ante los tribunales, entre otras medidas.

El pasado mes de septiembre el PP impulsó además una campaña de recogida de firmas en toda España para luchar contra la 'okupación' ilegal, en la que ha pidió el apoyo ciudadano para que se pueda desalojar a los 'okupas' en 24 horas y que la ocupación con violencia se castigue con penas de cárcel de uno a tres años.