Uno de los momentos más esperados del juicio del Expediente de Regulación de Empleo, (ERE), desarrollado este miércoles en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga ha sido la parte testifical. Casi una decena de testigos llamados a declarar, con presencias cuanto menos inesperadas y curiosas como las del Secretario Adjunto del Ayuntamiento, el polémico habilitado José Manuel Duarte o el portavoz socialista, David Valadez. Alfonso Caravaca, hasta ahora edil de Deportes y que dimitió recientemente, junto al responsable de Comercio, José Antonio Vílchez también estaban en la lista de citados pero finalmente sus declaraciones no se llevaban a cabo.

El edil de Economía y Hacienda, Manuel Aguilar, era el encargado de exponer la situación económica del municipio. Pero no se libraba de preguntas incómodas de la defensa, que dejaban en entredicho un argumento esgrimido por los afectados: algunos empleados fueron llamados a Puertosol un día antes de que fuera entregada la lista de afectados por el Expediente al Comité de Empresa. Algo que podría invalidar todo el proceso por un defecto formal, según los sindicatos, y que el regidor popular, José María García Urbano, negó hasta la mayor ante las preguntas de los medios. El responsable económico admitía haber realizado dicho extremo y alegaba que la situación no era "agradable" y que por deferencia con los empleados actuó así. "No quería que se enterasen por un listado, tenían las puertas abiertas de mi despacho para desahogarse", aseguró, dejando claro que la decisión fue de "motu propio" y que no fue consultada con el propio Consistorio. Desde la defensa se apuntaba a que esta circunstancia no era vinculante para invalidar el ERE. 

La edil de Personal, PIlar Fernández-Fígares, subía al estrado y aseguraba que la intención del equipo de Gobierno era elaborar una Relación de Puestos de Trabajo, (RPT), inexistente en la actualidad, y luego sacar a concurso público las plazas resultantes: "Empezamos a elaborarlo pero luego cuando se congeló la oferta pública lo paramos, teníamos otras prioridades", argumentó. "No se han hecho nuevos contratos", aseguró, tras lo cual tuvo que admitir que para suplir los despedidos de guarderías se convocaron 6 nuevas plazas "porque el personal que fue despedido no contaba con la titulación homologada requerida por la Junta para autorizar los centros infantiles". Una cuestión que interesó sobremanera al propio Magistrado, Don José Luis Barragán, que inclusó tomó la palabra para continuar interrogando a la edil popular sobre el asunto. También han salido a relucir en la vista los familiares de ediles populares que se han visto afectados por la regulación de empleo para aducir que no hay causas políticas en el expediente. 

Asimismo han aportado su testimonio el Técnico de Recursos Humanos, Francisco José Rodríguez Márquez, y uno de los propios despedidos en el Expediente de Regulación de Empleo, Óscar Vázquez, quien ha relatado en primera persona cómo fue llamado al despacho del responsable de Economía para comunicarle su despido. "Nos dijeron que presionáramos a los sindicatos para aceptar una rebaja del 7% de sueldo que libraría del ERE a unos 80 empleados", aseguró. 

Duarte, el testigo ¿estrella?

Protagonista de muchas páginas de información en las últimas semanas, la sorpresa de los testigos venía de la mano del Secretario Adjunto José Manuel Duarte, llamado a declarar por parte del Comité de Empresa. El habilitado nacional aseguró que el ERE no fue aprobado por el pleno, aunque si se dio cuenta de él. Y adució la necesidad de que el trámite pasara por la votación de la Corporación y siguiera el cauce habitual en este tipo de casos. Desviando en ciertas ocasiones las preguntas de las defensas, el funcionario quiso dejar patente que la intención del regidor, "pese a estos recortes", es sacar a concurso otra plaza de Secretario, con una retribución de 82 mil euros anuales, "que con la mía ya seríamos tres". El propio Magistrado cortaba la intervención de Duarte, al considerarla que se desviaba del tema y era un juicio de valor. 

Hay que recordar que recientemente el Consistorio interpuso dos expedientes disciplinarios a este habilitado por actitudes agresivas y dejación de funciones. Duarte relató con anterioridad ya a esta redacción la "persecución" que el regidor popular realiza contra su persona, que le ha llevado a verse renegado a elaborar el inventario de bienes municipal. Incluso manifestó que el ERE era "ilegal", declaraciones que, sin duda, le han llevado a sentarse este miércoles en el alto Tribunal. "El alcalde me ha manifestado, y así demostraré en un careo si es necesario que estaba dispuesto a que me fuese", ha culminado su testifical. 

Por último, el portavoz socialista, David Valadez, quien impugnó el Plan de Ajuste que contempla el recorte de 6 millones de euros en Personal que desembocó en el ERE, apuntó a que se han producido traslados de personal a otras delegaciones para cubrir huecos dejados por afectados en el ERE, así como que se han producido traslados previos de personal entre departamentos "para evitar estar en el ERE". La parte defensora del Consistorio arremetía contra el ex alcalde socialista interrogándolo sobre su participación tanto en la toma de decisiones municipal como en el seno de los trabajadores, con la intención de deslegitimar sus palabras. 

Terminaban la ronda de testimonios una representante de Comisiones Obreras de Málaga, Carolina Ortiz y el Presidente del Comité de Empresa esteponero, José Carrasco, quienes defendieron que las propuestas aportadas en el marco de la negociación superaban con creces el ahorro perseguido de 6 millones.