La Guardia Civil ha detenido a diez personas, dentro de una investigación dirigida por la Audiencia Nacional, por formar parte de una organización criminal asentada en Galicia que distribuía cocaína por España y algunas zonas de Portugal, usando para ello vehículos dotados de tecnología de inhibidores de frecuencia y sistemas de detección de radio frecuencia, siendo clave el papel que jugó para ello un taller clandestino de Vigo.
La operación se ha saldado con 15 registros en varios municipios de Pontevedra y Lugo, procediéndose a la incautación de 220 kilogramos de cocaína e inmovilizando más de cuatro millones de euros, según ha informado la Guardia Civil, que destaca el hallazgo de la sustancia estupefaciente oculta en un zulo en una granja agrícola y ganadora de Pontevedra con un "sofisticado sistema de soterramiento".
La mayoría de detenidos en la 'Operación Carplaya' tenían vínculos familiares y guardan relación con el narcotráfico desde hace años. Este viernes han pasado a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, dentro de la investigación del Equipo contra el Crimen Organizado con sede en Galicia de la Unidad Central Operativa (UCO), en coordinación con la Fiscalía Especial Antidroga y Europol.
Los investigadores han constatado el uso de tecnología de mensajería encriptada en sus comunicaciones para transportar la droga por carretera, así como sistemas de inhibición y detectores de radiofrecuencia de última generación.
La Guardia Civil también ha destacado el papel de un taller clandestino en Vigo (Pontevedra), "clave en la logística utilizada", ya que transportaban el estupefaciente oculto en vehículos sin necesidad de contar con el apoyo de otros coches de seguridad para evitar controles policiales o cualquier otra incidencia, como es lo habitual.
El pasado miércoles se llevó a cabo la fase de explotación de la investigación, procediéndose a la detención de diez personas, a las que se imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y blanqueo de capitales.
La operación se ha saldado con la intervención de 220 kilogramos de cocaína, 2,5 kilogramos de hachís, 640.000 euros en billetes de diverso valor, ocho vehículos, inhibidores de frecuencia, sistemas de detección de radio frecuencia (raquetas), así como documentación relacionada con los ilícitos investigados y terminales con sistemas de comunicación encriptados.
En la parte económica, han sido inmovilizados más de cuatro millones de euros entre sociedades mercantiles, bienes inmuebles, embarcaciones, y cuentas bancarias bloqueadas. La Guardia Civil ha destacado el alto nivel de vida de muchos de sus integrantes, "aún sin disponer de ingresos económicos legales conocidos, ni propiedades, pero sí distintas sociedades en grave estado de déficit declarado".
Pese a ello, los detenidos adquirían con frecuencia vehículos de alta gama, todo tipo de mobiliario para viviendas a nombre de cónyuges o familiares, así como viajes exclusivos.
El dispositivo de la fase de explotación ha contado con la participación de más de 250 agentes de diferentes unidades de la Guardia Civil, entre ellas el Grupo de Acción Rápida (GAR), los Grupos de Reserva y Seguridad de Valencia y León, Servicio Cinológico Central, Sección Fiscal de Melilla y diversas unidades de las Comandancias de Pontevedra, Lugo y Melilla.
