El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) va a solicitar a la Junta de Andalucía la declaración de emergencia sanitaria para garantizar la seguridad y la higiene en el municipio ante los efectos que está causando la huelga de limpieza y recogida de basuras que se prolonga ya por seis días.
La huelga comenzó el 1 de septiembre a convocatoria del comité de empresa de FCC, concesionaria del servicio de recogida de basura y la limpieza viaria en los tres núcleos poblacionales del municipio (Almonte, El Rocío y Matalascañas).
El equipo de gobierno ha tomado esta decisión tras mantener conversaciones con el presidente del comité de empresa y analizar tanto la situación en la que se encuentra el municipio como la incertidumbre existente ante la posibilidad de que aún no se produzca un acuerdo entre la empresa y los trabajadores que suponga el fin de la huelga, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
La declaración de emergencia sanitaria es una figura recogida en la Ley 2/1998 de 15 de junio de Salud de Andalucía y la Ley 16/2011 de 26 de diciembre de Salud de Andalucía, que prevén la intervención pública en materia de salud.
El Ayuntamiento de Almonte va a remitir a la Consejería de Salud los informes técnicos municipales que avalan el riesgo existente en materia de salubridad e higiene ante la acumulación de residuos en las calles.
La aprobación de esta emergencia sanitaria contempla diversas opciones que permiten a la administración solventar el problema de salubridad, respetando, por un lado, el derecho a huelga de los trabajadores y, por otro, garantizando unas condiciones higiénicas y sanitarias óptimas para los vecinos de Almonte.
El Ayuntamiento ha recordado que el pliego de condiciones establece de forma clara que la administración local está al margen de cualquier conflicto laboral entre la empresa y los trabajadores.
Pese a ello, el equipo de gobierno ha liderado la mediación entre ambas partes y mantiene abierta la vía de diálogo con todos los agentes implicados con el objetivo de alcanzar lo antes posible un acuerdo que permita tanto el fin de la huelga como la solución a los problemas de los trabajadores, cuyas reivindicaciones han sido secundadas desde el equipo de gobierno.
