Los exalcaldes de Almonte, Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP), acusados de extracción ilegal de aguas en Doñana, han defendido este martes su inocencia alegando que el Ayuntamiento no es competente en materia de Agua y Medio Ambiente y considerarse meros intermediarios entre la Junta de Andalucía y los agricultores.
En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la Audiencia de Huelva, antes del comienzo del juicio en el que hay un total de 15 acusados, Domínguez ha asegurado que está "muy tranquilo".
"La verdad es que aquí los alcaldes pintamos poco o nada; hasta hoy todavía no sé exactamente qué he hecho, los ayuntamientos tenemos pocas competencias", ha apuntado, para después decir que confía en su inocencia y que la actuación del Ayuntamiento de Almonte ha sido "en todo momento ha sido transparente".
Ha explicado que las fincas en las que presuntamente se extrajo agua, "son del Estado y fueron cedidas, como los pozos, de forma tácita y transparente a los agricultores" y forman parte del Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana.
Asimismo, ha señalado que los ayuntamientos "no tienen competencia en materia de Agua o Medio Ambiente ni en vigilancia policial, los que de verdad tienen competencias y son responsables no están aquí",en referencia al actual ministro de Agricultura, Luis Planas.
"La competencia en materia de conservación y preservación de Doñana es de la Consejería de Medio Ambiente no del Ayuntamiento. En su momento, Planas era consejero de Medio Ambiente y presidente del Consejo de Participación de Doñana", ha recordado
Por su parte, Alberto Mondaca, abogado de Francisco Bella, ha sido contundente al señalar respecto de su defendido que "un señor que ha hecho de intermediario entre la Junta de Andalucía y los agricultores jamás en la vida puede ser condenado".
Además, se ha preguntado "por qué no han sentado aquí a los presidentes del extinto Instituto Andaluz de la Reforma Agraria (IARA), que fueron los que cedieron las tierras y los sondeos".
Ambos exalcaldes se enfrentan a una petición de condena por parte de la Fiscalía de dos años y 10 meses de cárcel al considerarlos cooperadores necesarios de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
También están acusados 13 titulares de explotaciones del paraje Matalagrana, en Almonte, y administradores de siete empresas agrícolas, para los que pide tres años y 10 meses de cárcel.
Según la Fiscalía, en las explotaciones implicadas en la causa se ha producido "una detracción ilegal y sistemática" de agua del acuífero que surte de agua a entre 2009 y 2012, lo que provocó una alteración del balance hídrico del mismo y supuso "un riesgo de daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que alberga, sus hábitats y sobre el significado y valor ecológico del lugar a nivel mundial".
Primer dia de juicio
Dos de los 15 acusados por las captaciones supuestamente ilegales de agua entre los años 2009 y 2012 en explotaciones sitas en la finca Matalagrana, en el entorno del parque nacional de Doñana (Huelva), han defendido el uso legal del agua de los sondeos de las fincas que trabajaban, señalando que el convenio con el Ayuntamiento de Almonte recogía el uso y explotación de las fincas y que estaba autorizada la extracción del agua de los sondeos realizados en los años 70, así como han subrayado que el problema con estas extracciones derivan de "errores administrativos".
Así lo han indicado en el primer día de juicio en el que tan solo han declarado dos de los agricultores acusados, mientras que el resto (11) se ha acogido a su derecho a no declarar. De este modo, ambos han señalado que el propietario de la finca Matalagrana era la Junta de Andalucía y que, al no poder ceder directamente la explotación para el proyecto de agricultura ecológica, lo hacía a través del Ayuntamiento almonteño, al que los concesionados pagaban un canon por hectárea de riego.
De este modo, el secretario de la Asociación Matalagrana, uno de los acusados que ha declarado este martes, ha apuntado que fue en 2007 cuando comenzó a tener conocimiento de una "posible irregularidad" en el uso del agua, al recibir un expediente sancionador en el que, "según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) no estaba autorizada la extracción", expediente que recurrió, al tiempo que hasta 2014 no descubrió que se había producido "un error administrativo" por parte del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA).
En este punto, ha señalado que en el año 1996 el que era presidente del IARA solicitó el levantamiento de la supresión de varios sondeos, que cambió tiempo después porque consideraba que no se les estaba dando uso agrícola "algo en lo que estaba equivocado", apuntando que en 2007 estos sondeos no estaban inscritos, pero que durante todo ese tiempo y hasta que la CGH otorgó en 2020 la autorización del uso del agua en Matalagrana durante 20 años "nadie impuso como medida cautelar el cierre de pozos o cese de actividad", por lo que siguieron extrayendo.
Asimismo, el secretario de la Asociación Matalagrana ha señalado que fue en el año 2014 cuando tuvieron conocimiento de la desestimación de los sondeos, al recibir la querella de la Fiscalía, y que anteriormente la Junta de Andalucía "decía que no había ningún problema" y que "siguieran trabajando", a la par que ha añadido que la administración andaluza conocía que se estaban usando los pozos "porque se hacía una memoria todos los años". "Para las administraciones era público y notorio el uso de los sondeos, ha agregado.
