Trabajadores de los centros concertados de protección de menores se han concentrado hoy durante una hora ante la delegación territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para denunciar que la “Junta de Andalucía ha decidido recortar el número de plazas en estos”, tal y como ha confirmado el portavoz de los trabajadores, Javier Ureña.
De “forma unilateral” se ha comunicado a las entidades sin ánimo de lucro que vienen desarrollando los programas de acogimiento residencial un recorte de cerca del 25% en sus presupuestos a través de un recorte en el número de plazas. Esto se une a la reorganización que hace apenas un años se llevó a cabo en estos centros y dio lugar al recorte directo e indirecto de su financiación.
”Este nuevo recorte deja al Sistema de Acogimiento Residencial en una situación muy delicada, obligando a las entidades Sin Ánimo de Lucro que gestionan estos centros a despedir profesionales, reorganizar plantillas y reducir los recursos para la alimentación, vestido y otros recursos de los menores”, ha dicho.
Los trabajadores protestaron ante “una decisión política que se realiza sin criterios técnicos o de humanidad”, ya que según Ureña, “la atención a los menores que están bajo tutela administrativa es el último refugio para aquellos niños que no encuentran amparo en su entorno familiar o que éste es perjudicial para su desarrollo”.
Por ello han defendido que “recortar en estas situaciones es quebrantar las esperanzas y expectativas de menores en riesgo”, convirtiendo los actuales centros de acogida en orfanatos.
Exigieron a la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, que “dé marcha atrás con los recortes y haga efectiva la Ley Andaluza 1/1998 de 20 de Abril de los Derechos y Atención del Menor”.
Comisiones Obreras ha apoyado al personal de los centros. “Estos cambios son por motivos puramente economicistas y de recorte de recursos, dando lugar a despidos, reducciones de jornada y bajadas de categorías profesionales, que dificultan una atención de calidad”, sometiendo a los centros de protección de menores a condiciones que “imposibilitan la normalización en la vida de los menores”.
