La Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal especializado en robar viviendas unifamiliares habitadas. Un juzgado de Andújar ha estado al cargo de una investigación que ha finalizado con cuatro detenidos, que ya han ingresado en prisión, y a los que se les atribuye una veintena de robos en las provincias de Jaén, Madrid, Toledo, Teruel, Huesca y Navarra. La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, y el teniente coronel Francisco José Lozano, jefe de la Comandancia de Jaén, informaron ayer de los resultados de la operación bautizada como 'Hábitat-Pelegrín'. “Hay cuatro detenidos, de nacionalidad albanesa, con antecedentes por hechos similares y que han ingresado en prisión preventiva por orden de un juez de la provincia”, aclaró la subdelegada. Por el momento, se les imputan una veintena de hechos delictivos. “Se trata de una organización perfectamente organizada y jerarquizada, cuyos componentes tenían mucha movilidad geográfica para realizar campañas temporales de robos en distintas provincias”, explicó la subdelegada. Madueño indicó que los detenidos se desplazaban en vehículos legales, a los que cambiaban la placa de matrícula en el momento de perpetrar los robos. Una vez en su destino, se alojaban en casas rurales de localidades pequeñas, para no levantar sospechas. Utilizaban esas viviendas como centro neurálgico de sus operaciones.
Enganches ilegales
Por otro lado, la Policía Nacional han detectado un total de 18 enganches ilegales de fluido eléctrico en domicilios ubicados en el barrio de San Juan, de Jaén. La investigación se enmarca en un operativo policial puesto en marcha contra las tomas ilegales de energía eléctrica. Los encargados de llevar a cabo la investigación han sido agentes del Grupo de la Unidad de delitos económicos y fiscales (UDEF) y del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Jaén apoyados por técnicos de Endesa.El operativo policial, según se informó desde el Cuerpo Nacional de Policía, se ha establecido con el fin de garantizar, no sólo el suministro para el resto de los ciudadanos, también para la seguridad de los mismos. En los últimos años, según informó la Policía, se han registrado “numerosos incendios y descargas eléctricas provocadas por la manipulación de las instalaciones”. El fraude eléctrico no solo es un delito tipificado en el Código Penal, también supone un perjuicio para toda la sociedad ya que se traduce en un incremento de la factura de la luz de todos los consumidores.
