Sin embargo, desde entonces, y en tres ocasiones diferentes (octubre, noviembre y enero de este año), el Defensor del Pueblo sólo ha recibido silencio como respuesta por parte del Consistorio.
Para CSIF, esta falta de transparencia del Gobierno municipal puede suponer la comisión de un delito, tipificado en el Código Penal (artículo 502.2), por obstaculizar la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas o de otro organismo equivalente. Literalmente, el artículo explica que “En las mismas penas <<(castigados como reos del delito de desobediencia y pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años)>> incurrirá la autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación”.
A todo esto, Pecero recuerda que la plantilla municipal sigue sin cobrar lo que le queda de la paga de diciembre (se abonó sólo una parte) y aún no se les ha abonado la nómina de enero.
