El Pleno municipal ha aprobado hoy –con los únicos votos favorables del PP- una revisión del Plan de Ajuste que incluye una renuncia a cubrir las bajas por jubilación del personal laboral que se produzcan entre 2025 y 2027. Además, en los tres años posteriores –en el periodo comprendido entre 2028 y 2031- la tasa de reposición queda limitada al 50 por ciento.
Este endurecimiento de las medidas del Plan de Ajuste llega como consecuencia de un requerimiento del Ministerio de Hacienda, que entiende insuficientes los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento para acceder al préstamo de 8,8 millones de euros solicitado a través de los Fondos de Ordenación para hacer frente al pago a proveedores.
Además, el Consistorio se compromete a adherirse al Plan de Comunicaciones 2024 del Catastro, cuyo objetivo no es otro que detectar construcciones que no se han dado de alta, ampliaciones u otros que no están siendo actualmente gravados con el IBI correspondiente.
También se incluyen en ese Plan de Ajuste una mejora de la eficiencia de la empresa municipal Comujesa, automatizando una serie de servicios; y la “optimización de los recursos distribuidos entre las entidades dependientes mediante la práctica de fusiones u otras asimilables, unificando competencias y eliminando duplicidades”.
Según la concejala socialista Laura Álvarez, la renuncia inicial a cubrir bajas por jubilación del personal laboral fijo e indefinido y las limitaciones en los años posteriores va a suponer “quitar a 377 personas de la atención de los servicios públicos” en estos próximos años, lo que a su juicio va a dificultar aún más el trabajo de la plantilla municipal.
En este sentido, el portavoz de Vox, Antonio Fernández, preguntó si existe “algún informe” que aclare “en qué medida va a afectar” esa merma del personal “a los servicios que se prestan a la ciudadanía”, sin obtener ninguna respuesta.
La propia alcaldesa, María José García-Pelayo, intervino en el debate para recordar que “entre 2015 y 2023”, coincidiendo con la etapa de gobierno socialista, la plantilla municipal “se redujo en 500 empleados” precisamente como consecuencia de las vacantes que se fueron produciendo.
Álvarez también fue crítica con la adhesión a ese Plan de Comunicaciones del Catastro, ya que a su juicio se enmarca en el “afán recaudatorio” que el Gobierno local “está aplicando a los jerezanos”. Así, estimó que esta medida implicará “una subida del IBI en 8 millones de euros”.
“La realidad de la gestión económica de Pelayo en el año y medio que lleva de alcaldesa es que los jerezanos y jerezanas pagamos más impuestos y recibimos peores servicios públicos, porque esa subida de impuestos se destina al incremento de gasto de personal, que es de 21 millones de euros”, apuntó la concejala socialista.
El popular Jaime Espinar negaría con posterioridad ese incremento del IBI, aclarando que lo que se ha aprobado realmente es aumentar la inspección para que se puedan detectar aquellas fincas o construcciones que actualmente no estén pagando sus impuestos correspondientes.
“¿Acaso el PSOE pretende que no se inspeccione a quienes evitan pagar impuestos? ¿Está el PSOE diciendo con su voto que está a favor de que haya fraude en el pago de impuestos por parte de quienes no lo están haciendo y deberían hacerlo? ¿Está amparando el PSOE de Jerez el fraude?”, preguntó Jaime Espinar.
Además, desde el PSOE se apuntó también a la posibilidad de que las comprometidas fusiones y unificación de competencias en las empresas municipales terminen derivando en un ERE, algo que negó el delegado municipal de Economía, Francisco Delgado.
Por último, García-Pelayo explicó que la ampliación de las medidas del Plan de Ajuste que se hace a instancias del Ministerio de Hacienda, tienen como objetivo “permitir el reequilibrio de la situación económica del Ayuntamiento durante los años 2048, 2049 y 2050”.
