El portavoz de Foro Ciudadano de Jerez, Raúl Ramírez, ha anunciado que esta organización política ha presentado un escrito denuncia ante la Fiscalía de Jerez para poner en conocimiento de este órgano judicial unos hechos que afectan directamente a la gestión que viene llevando a cabo el gobierno municipal del Partido Popular. Estos hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos sobre la Ordenación del Territorio, en su artículo 320, y contra la Administración Pública, en su artículo 404 y 408 del Código Penal por parte de la alcaldesa, María José García-Pelayo; el primer teniente de alcalde y ex delegado de Urbanismo, Antonio Saldaña; y el actual delegado de Urbanismo, Agustín Muñoz. Concretamente, la denuncia tiene su origen en varios expedientes de carácter administrativo que pesan sobre el centro privado de educación infantil Saint Thomas School (anteriormente denominado Highlands, pero sin que conste en los expedientes cambio de titularidad alguno) por carecer de licencia de apertura y licencias de obras en su actual emplazamiento de la avenida Medina Sidonia (carretera Cnartuja).
Dichos expedientes, que arrancan en septiembre de 2007 y llegan hasta el pasado 15 de abril, han sido resueltos con caducidad y archivo en dos ocasiones e incluso en marzo de 2012 se abrió expediente sancionador por una cuantía de 50.161 euros sin que haya constancia alguna de que esta sanción se haya notificado al afectado y ni muchos menos se haya ejecutado por parte del Ayuntamiento.
Se da la circunstancia, como así ha puesto de manifiesto Ramírez, que en paralelo a estos hechos el gobierno local del PP ha cedido gratuitamente en el pasado mes de marzo una parcela de equipamiento público de unos 20.000 metros cuadrados frente a Chapín a los mismos propietarios del colegio que presenta las irregularidades descritas y que han sido obviadas por parte del gobierno local del PP. “Tenemos muy claro, y así se pone en evidencia en la documentación, que los servicios técnicos de Urbanismo han hecho perfectamente su trabajo y han instruido bien los expedientes, por lo que aquí lo que cabe es depurar la naturaleza de las decisiones políticas”, ha puntualizado. Junto a la portavoz del grupo municipal de Foro Ciudadano, Rocío Montero, Ramírez ha dejado claro que la decisión de recurrir a la vía judicial parte de las “explicaciones incoherentes y sin sentido” que ha ofrecido el PP en el foro adecuado para preguntar por estos asuntos, que es el pleno.
Del mismo modo, “y cumpliendo con nuestro papel de control y fiscalización del gobierno local, hemos decidido dar traslado a esta información que venimos manejando desde hace unas semanas por el interés puro y duro de Jerez ya que estamos obligados a velar porque la Ley, y en particular la legislación urbanística, se aplique por igual y en su justa medida a todo el mundo”. En cuanto a las explicaciones “anómalas e incoherentes” que ha ofrecido el gobierno del PP, el portavoz de Foro lo ha ejemplificado en la pregunta que esta formación trasladó al delegado de Urbanismo en el pasado pleno de abril, en la que se le cuestionaba sobre si “alguna vez el colegio tuvo licencia de obras y de apertura”. Pese a que se ordenó su clausura y cierre por parte de Urbanismo y actualmente sigue abierto, y pese a que se han realizado obras de una edificación de 200 metros cuadrados, una pista polideportiva de 400 metros y cuatro aulas prefabricadas para uso de aulas de educación, el PP respondió en pleno: “Para ese colegio no era necesario que hubiera licencia de obra mayor porque se monta sobre una edificación existente, por tanto no se requería licencia de obra mayor, y no hubo digamos licencia de adaptación a la actividad escolar”.
Según ha relatado Raúl Ramírez, el primero de los expedientes tiene su origen en la fecha de 19 de septiembre de 2007 y “sorprendentemente no es hasta marzo de 2012 cuando el entonces primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Antonio Saldaña, declara la caducidad y archivo del expediente. En cambio, se promulga nuevo decreto de incoación de expediente por ejercer la actividad sin licencia de apertura y se ordena el cese inmediato de la actividad con clausura del establecimiento y precintado del mismo”. Un poco más de un año después, con fecha 9 de abril se comunica al titular del centro infantil que se va a dar traslado al órgano competente para que, en ejercicio de la función de la policía administrativa, “…se adopte la medida consistente en cese inmediato de la actividad por carecer de la correspondiente licencia de apertura para su ejercicio”. Por el contrario, ha abundado Ramírez, “más sorprendente aún es que apenas seis días después se notifica al interesado un nuevo decreto que declara la caducidad del expediente”. Para información del Ministerio Fiscal, a todo esto, también se hace constar que los titulares del centro educativo cuentan con tres expedientes sancionadores por ejecución de obras sin licencia y “hasta la fecha no se tiene constancia ni de la notificación de la sanción y, por ende, abono de dicha sanción, ni del restablecimiento del orden jurídico perturbado, además de tener constancia fehaciente de que el citado centro escolar mantiene su actividad con total normalidad”.
Desde Foro Ciudadano, su portavoz ha aclarado que estas resoluciones de caducidad de los mencionados expedientes son “manifiestamente injustas” y desde esta parte se estima que “podrían ser constitutivas de un delito sobre la Ordenación del Territorio y el Urbanismo, así como de delito contra la Administración pública”. “El hecho –ha ultimado- de que la autoridad competente emita una resolución inadecuada e injusta como las que suponen la caducidad de los expedientes, aun conociendo y habiéndosele fundamentado e instruido correcta y suficientemente los mencionados expedientes para el cese de una actividad sin la preceptiva licencia municipal, hace que tengamos fundados indicios de un actuar reprochable desde un punto de vista penal en las personas que competencialmente tenían las responsabilidades de restaurar el orden jurídico perturbado y en su defecto el de poner los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales”. Por último, Rocío Montero ha asegurado que esta misma semana ha registrado pregunta a la alcaldesa Pelayo para que aclare diversos extremos en relación con la sanción a los titulares de este colegio en cuantía de 50.161 euros, sobre la comunicación a los afectados de la misma, y en caso negativo, de la razón de la no comunicación de la referida sanción.
