La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, ha afirmado que el PSOE vive ausente de la realidad social de Jerez cuando intenta manejar a la opinión pública al confundir intencionadamente viviendas sociales de emergencia, que ahora se adjudican con criterios de justicia, equidad social e igualdad, con Vivienda de Protección Oficial (VPO). La delegada recuerda al partido de la oposición que la alcaldesa, María José García-Pelayo, desde su llegada al gobierno, fue consciente de la presencia en nuestro municipio de familias que, ante situaciones de conflicto en su entorno de convivencia u otras problemáticas específicas, carecían de un alojamiento y de medios personales y familiares para disponer de vivienda propia.
Por ello se inició una política social "seria", primero con la creación de una delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud (y no una dirección general), que entre sus objetivos principales contemplaba la ampliación de las viviendas de emergencia social como parte del dispositivo público municipal de alojamiento alternativo, para ser destinadas a alojamiento temporal de unidades familiares en situación de grave dificultad social o riesgo de exclusión social, y de las que los Servicios Sociales municipales, de siempre, han sido fundamentalmente conocedores ya que se trata de familias con las que se interviene en aras a mejorar sus oportunidades de inclusión social.
"Cuando llegamos tan solo había un parque de cuatro viviendas sociales de emergencia, ahora ya contamos con veintiuna", ha señalado la delegada. Otro problema básico de estas viviendas de emergencia social era que se carecía de una regulación para su adjudicación ya que esta competencia, con el gobierno de Pilar Sánchez, pasó de depender de los Servicios Sociales Municipales a Urbanismo o de la misma alcaldía "desde donde se adjudicaban de forma arbitraria".
Esta forma de actuar vulneraba el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales que contempla, entre las prestaciones que llevan a cabo los servicios sociales, la del alojamiento alternativo: "una prestación pensada para dar respuesta a la necesidad de todas las personas de disponer de un espacio digno donde alojarse y en el que desarrollar los aspectos más elementales de la convivencia social". Recuperada la competencia, por parte de los Servicios Sociales, se procedió a elaborar el Reglamento de Acceso y Uso de las Viviendas de Emergencia Social, que regula el acceso y utilización de las viviendas de emergencia social. La aprobación de este reglamento primero en Junta de Gobierno (mayo de 2012) y día más tarde en Pleno "supuso un antes y un después en los servicios sociales municipales, pues se trata de una herramienta imprescindible para garantizar la justicia, la equidad social y la igualdad pues se sigue un criterio técnico para acceder a este servicio municipal”.
Este reglamento fue posible gracias al trabajo coordinado del Gobierno municipal, especialmente de la delegación de Urbanismo y Vivienda y de la Delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud. “Los Servicios Sociales municipales ahora valoran las propuestas de adjudicación existentes cada vez que hay una vivienda de emergencia social vacante o nueva, priorizando entre las propuestas presentadas a las familias con mayor necesidad y que mejor se adecuen a las características del recurso. Se ha constituido una Comisión que realiza la propuesta de adjudicación de las viviendas, que posteriormente eleva para su aprobación a la Junta de Gobierno Local”, ha subrayado Isabel Paredes.
