El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB), primera herramienta de planificación para la promoción de infraestruc-turas y hábitos ciclistas de la que dispone la administración autonómica, y que pretende situar a la comunidad en la media europea de este medio de transporte. El Plan, el primero que sitúa a la bicicleta como elemento estraté-gico de las políticas de movilidad en una comunidad, diseña una gran red de vías ciclistas de 5.139 kilómetros entre las ya existentes, que serán adecuadas y señalizadas, y las nuevas recogidas en el propio documento. Desarrollado en su totalidad, este instrumento supondrá la creación de más de 15.000 puestos de trabajo, de los que 7.792 están relacionados con la construcción y mantenimiento de las vías ciclistas, y el resto con la actividad asociada en el sector turístico, la fabricación y la reparación de bicicletas, así como el comercio y los servicios vinculados.
El documento da cumplimiento a los múltiples compromisos adquiridos por Andalucía con los programas y estrategias para luchar contra el cambio climático, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, promover el crecimiento sostenible y la economía verde y avanzar hacia un nuevo modelo productivo.
El Plan, elaborado por la Consejería de Fomento y Vivienda, prevé la construcción de 312,7 kilómetros de vías ciclistas en ámbitos urbanos, concretamente en las ciudades de Huelva, Cádiz, Jerez, Algeciras, Málaga, Granada, Almería, Jaén, Córdoba y Sevilla, que se suman a los 350,5 ya existentes. No obstante, el documento está abierto además a la incorporación de otros municipios de más de 20.000 habitantes. Igualmente, recoge la construcción de 837,92 kilómetros de vías ciclistas en las áreas metropolitanas de estas urbes, que se suman a los 558 ya existentes. En total integra 1.150 kilómetros nuevos de vías urbanas y metropolitanas, que sumados a los ya existentes alcanzan los 2.059 kilómetros. Se duplican así las vías existentes, dándole al conjunto continuidad y uniformidad. El documento aprobado incluye, además, 86,16 kilómetros más que el primer borrador presentado, un incremento que es fruto de la incorporación de las aportaciones de la sociedad civil a lo largo de un amplio proceso participativo.
Las vías urbanas y metropolitanas recogidas en el Plan se reparten en 91,3 kilómetros para Almería, que sumadas a las 77,1 existentes hacen un total de 168,4; la Bahía de Cádiz, que integra a Jerez y Cádiz, aglutina 148,5 kilómetros, a los que hay que añadir los 167,5 ya diseñados, totalizando 316; en el Campo de Gibraltar, tomando como área urbana de desarrollo la ciudad de Algeciras, el PAB prevé 128,9 kilómetros, que con los 54,7 anteriores suman 183,6; el total para Córdoba es de 109,9, de los que 65 ya están habilitados y 44,9 recogidos en la planificación aprobada.
Los 62,9 kilómetros de Granada y su área se ven complementados por 105,1 en el nuevo Plan, para un total de 168; en Huelva y su corona el Plan compromete 197,7, que con los 126,7 ya existentes alcanzan los 324,4 kilómetros; Jaén tiene 18,1 kilómetros y pasará a tener 54,6, ya que el docu-mento recoge 36,5; en cuanto a Málaga, pasará de 92,9 a 247,9 gracias a los 155 kilómetros que prevé el documento; por último, en Sevilla y su área metropolitana hay 243,8, que contabilizando los 242,4 kilómetros planifica-dos se convierten en 486,2.
Además de estas vías de índole urbana y metropolitana, el Plan recoge 3.080 kilómetros de vías de carácter autonómico, en su mayoría (2.625) ya existentes sobre el trazado de vías pecuarias y caminos rurales, por lo que las actuaciones previstas van dirigidas a su adecuación, señalización y conexión. Los ocho ejes autonómicos, que recorren Andalucía de este a oeste y de norte a sur, son: Sierra Morena, Guadalquivir, Campiña-Subbética, Sur, Litoral, Sierra de Huelva-Campo de Gibraltar, Genil-Costa del Sol y Cazorla-Carboneras.
En el ámbito urbano y metropolitano, el Plan plantea que el 10% de los desplazamientos cotidianos en ciudad se realice en bicicleta, con el objetivo de que este medio se convierta en una alternativa real al coche. En el caso de Sevilla, que ya roza ese umbral, se situará en el 15%. La cuota media de la Unión Europea de uso de la bicicleta con respecto al total de desplazamientos es del 7,4, con lo que el documento pretende que Andalucía no sólo alcance, sino que supere los niveles de la Unión en esta materia. Por su parte, las vías autonómicas están más orientadas a la práctica del cicloturismo, el ocio y el deporte.
El documento tiene un horizonte temporal hasta 2020, con una ejecu-ción dividida en dos fases. La primera, entre 2014 y 2017, prevé la construc-ción de una red básica de vías ciclistas en las diez ciudades andaluzas, así como el desarrollo de las redes metropolitanas en las principales aglomera-ciones urbanas. La segunda fase, entre 2018 y 2020, dedicará fundamental-mente el esfuerzo inversor a la red autonómica.
Aparcamientos para bicicletas
La inversión prevista hasta 2020 asciende a 421,47 millones de euros, 180,03 en vías urbanas, 171,29 en las metropolitanas y 69,65 en las de carácter autonómico. Esto supone 20 millones de euros más que los recogidos en el borrador del Plan, un incremento que es fruto de la incorporación de aportaciones durante el periodo de información pública. En este incremento se contemplan también 500.000 euros para aparcamientos de bicicletas ligadas a vías ciclistas en el ámbito urbano.
La Consejería de Fomento y Vivienda, que ha presupuestado 18 millones de euros en 2014 para vías ciclistas, aporta un 75% de la inversión necesaria para las vías urbanas, mientras que los ayuntamientos dedicarán el 25% restante. Para articular esta cofinanciación, la Junta propone a los ayuntamientos de las diez ciudades concernidas la firma de convenios de colaboración necesarios para la ejecución de las inversiones. En la financiación desempeñan un papel fundamental los fondos europeos, que en su marco 2014-2020 sitúan como prioridad la movilidad sostenible en sus políticas de transporte, a las que dedica 26.300 millones de euros.
En un solo año con el PAB plenamente desarrollado, según el estudio recogido en el Plan, los beneficios asociados superarían a la inversión, con un ahorro anual de 413 millones en gasto sanitario y en transporte, por disminución del consumo energético y de emisiones contaminantes y por reducción del absentismo.