EL Gobierno municipal manifiesta su más “absoluta tranquilidad” ante lo que considera una querella “infundada” ya que en todo el proceso de resolución del contrato con la empresa Urbanos Amarillos y la asunción de la gestión directa del servicio se está cumpliendo con la ley.
Ante la querella presentada por dos sociedades del grupo al que pertenece Urbanos Amarillos, empresas que avalaron la compra de los Volvos que presentó la entonces delegada del PSOE, María del Carmen Martínez el 7 de mayo de 2011, el Ejecutivo considera que se trata de “una querella que no tiene fundamento, por lo que se confía en el archivo de la misma”.
El Gobierno municipal expresa su más absoluta tranquilidad al respecto ya que “se ve que es una querella dirigida a presionar en el proceso de liquidación que se está llevando a cabo con la empresa Urbanos Amarillos tras rescatar el servicio”. De esta manera se entiende que “no tiene razón de ser ya que la resolución contractual y la asunción de la gestión del servicio están avaladas por un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, aparte de los informes de los técnicos municipales emitidos a lo largo de un procedimiento que se tramitó de forma escrupulosa.
Igualmente, “la Ley de Contratos de Sector Público y el Reglamento de las Corporaciones Locales permiten que, cuando el Ayuntamiento recupera un servicio, los bienes afectos al mismo se mantengan, siendo en el proceso de liquidación de la concesionaria, donde se hace la valoración correspondiente y se liquida lo que corresponda”.
“SIN FUNDAMENTO Y EN PLENO PROCESO DE LIQUIDACIÓN”
Por tanto, se considera que “la querella no tiene fundamento alguno, ya que precisamente ahora se está en ese proceso de liquidación. Un proceso de liquidación que se está tratando de consensuar con Urbanos Amarillos, para lo cual se han mantenido hasta siete reuniones entre representantes de la empresa y del Ayuntamiento”.
El Gobierno Municipal, finalmente, pone de manifiesto que en el día de ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha notificado una sentencia que declara definitivamente que el secuestro de la concesión es totalmente ajustado a derecho, y que se debió a incumplimientos acreditados de la concesionaria que determinaron que no se prestara el servicio público que tenía encomendado.
