El Parque Científico y Tecnológico de Jerez (PCTA) será gestionado a través de una Entidad Urbanística de Conservación, al igual que ocurre con otros parques empresariales, una vez que finalice el proceso de disolución de la sociedad pública que lo ha tutelado hasta ahora.
La alcaldesa, María José García-Pelayo, explicó ayer que el Ayuntamiento ha acordado con la Junta de Andalucía que “la mejor solución” para esta sociedad, que se encuentra en proceso concursal, es “ir a la liquidación y posterior disolución”.
“La sociedad que gestiona el parque tiene muchos problemas y cualquier solución que se le tratara de dar no iban a ser más que patadas hacia delante. Creo que es el mejor acuerdo al que se podía llegar y ahora de lo que se trata es de hacer una liquidación ordenada”, añadió.
La primera autoridad municipal descartó que una vez finalizado este proceso se opte por constituir una nueva sociedad pública, dando por hecho que la gestión recaerá en una Entidad Urbanística de Conservación integrada por los propios empresarios que tienen presencia en el polígono y siguiendo de este modo el ejemplo de otros equipamientos similares, como el Parque Empresarial.
Ello no significa que las administraciones públicas no vayan a tener presencia en el PCTA, entre otras cosas porque tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía tienen inmuebles en el parque.
“Nosotros formaremos parte de la entidad, otra cosa es que no estemos en la dirección. Es como si estuviéramos en una comunidad de propietarios. Tendremos que aportar al mantenimiento y por supuesto contribuir a la promoción del parque”, aclaró García-Pelayo.
Esta posibilidad fue ya trasladada a los empresarios hace apenas un par de semanas. “Le trasladé esta posibilidad y ellos la vieron con buenos ojos. Todos entendemos que es mejor poner punto y final a una situación que estaba incluso perjudicando a la imagen de las propias empresas”, zanjó la alcaldesa.
En el proceso de liquidación de la sociedad será necesario devolver a la Administración central las subvenciones que se encuentran pendientes de reintegro, cuyo importe ronda los dos millones de euros. “El Ayuntamiento va a hacer aportaciones, pero no podemos pagar de golpe. Entendemos que no habrá problemas por parte del Estado”, expresó confiada la primera autoridad municipal.
