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Un informe cuestiona el estado de la residencia de La Granja

La red tiene fisuras y mezcla las aguas pluviales y fecales

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  • Saldaña llevará el caso al Parlamento autonómico. -

Un informe elaborado por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía advierte de algunas de las carencias que presenta la residencia de mayores de La Granja.

Entre otras cosas, el documento constata que la red de bajantes “está ejecutada en fibrocemento con reparaciones en PVC, presentando en algunas de sus juntas síntomas de deterioro”. Como consecuencia de ello, “la red no es separativa, mezclándose en todo momento las aguas pluviales con las fecales”.

Por otra parte, “los colectores colgados están ejecutados en PVC, pero se observan deterioros tales como filtraciones y paramentos y falsos techos con humedad, provocando un mal aspecto, insalubridad y un deterioro del edificio”.

El informe también advierte de que las sustituciones de fibrocemento se han realizado “de forma inadecuada, no cumpliendo con la normativa sobre amianto, por lo que se indica a la dirección del centro la necesidad de contratar” a “empresas autorizadas” en caso de necesitar realizar nuevas actuaciones.

El PP avanzó ayer su intención de llevar este caso al próximo Pleno municipal, de modo que se exija a la Junta que acometa las obras necesarias para adaptar este edificio a la normativa vigente, así como para abrir cuanto antes las plantas que fueron cerradas hace ya doce años y que motivan que la residencia se encuentre lejos de su ocupación máxima.

Por otra parte, los populares volverán a llevar la situación de esta residencia de mayores al Parlamento autonómico, para que la consejera de  Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez, se pronuncie sobre este informe, así como de las actuaciones que se han previsto desarrollar para adaptar este edificio a la normativa y recuperar las plantas que se encuentran cerradas.

La residencia se encuentra al 35 por ciento de su capacidad desde hace ya doce años a la espera de la ejecución de unas obras de adaptación a la Ley de Dependencia. El presupuesto de esas obras es de 9 millones de euros, pero el presupuesto de la Junta sólo ha reservado 1,2 millones.

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