El Gobierno local espera estar en condiciones de poder licitar “a principios de año” las últimas obras pendientes de la nueva Jefatura de la Policía Local de Jerez, que se ubica en La Asunción, en los terrenos anexos a la nueva Comisaría de la Policía Nacional. Según indicó la alcaldesa, Mamen Sánchez, en el balance de los 100 días de Gobierno, apenas se trata del 5% de los trabajos, correspondientes a los últimos retoques y el equipamiento del edificio, tras más de cinco años paralizados tras la quiebra de la constructora Tarje, la empresa encargada, a la que el Ejecutivo local ha llevado a los juzgados para resolver el contrato.
Ahora, tras un largo proceso administrativo y judicial que no ha estado exento de dificultades, el “entendimiento” al que han llegado los técnicos tras estudiarse varios criterios para la resolución de este contrato hace posible que cada vez esté más cerca la “recuperación” de la posesión de la obra de la Jefatura para poder sacar a licitación las actuaciones que faltan. “Lo importante es poder recuperarlo y poder rescindir el contrato con los que la tenían -por la obra- y se fueron), manifestó la alcaldesa.
Lo que sí ha hecho el Ayuntamiento es sacar a licitación la urbanización de la Jefatura, que va en otro concurso aparte, para poder ir cerrando flecos de un proyecto que empezó con mal pie desde el principio, una vez que en 2011 se ponía la primera piedra con la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez al frente. Antes incluso de empezar ya hubo controversia por la cesión de los terrenos, y al poco tiempo de iniciarse, los trabajos tuvieron que interrumpirse. Luego vendrían más parones después de que la obra se viera afectada por el desvío de fondos del Plan E por el que se llegó a juzgó a Sánchez, que salió finalmente absuelta.
El Gobierno local del PP María José García-Pelayo consiguió desbloquearla, pero los problemas volvieron cuando las obras estaban al 90% de su ejecución. Así fue cómo se encontró el Gobierno local del PSOE el proyecto al inicio de su primer mandato, y así han continuado porque el bloqueo administrativo y judicial les ha impedido cualquier intervención en una de sus grandes asignaturas pendientes.
A comienzos de 2018 confiaban en marzo para haber resuelto el contrato, pero nuevas complicaciones ralentizaron este trámite para conseguir cerrar de una vez este episodio.
