Los cinco técnicos del Ayuntamiento juzgados por la Audiencia Nacional en el marco de la pieza de Jerez del caso Gürtel han sido finalmente absueltos de los delitos que se le imputaban tras un largo periodo de agonía y numerosas comparecencias en las que han debido aclarar su participación en la contratación de varios servicios a empresas de la trama relacionados con Fitur 2004.

De este modo finaliza el procedimiento para el que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de Jerez (IPDC), José Enrique Agüera González; el exsecretario del Ayuntamiento, Manuel Báez Guzmán; las interventoras Milagros Pérez Pérez y Milagros Abascal Torres; y la técnico municipal Lourdes Montenegro Pacheco; a quienes se investigó por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración y falsedad documental.

No han corrido la misma suerte los cabecillas de la trama, Francisco Correa y su número dos, Pablo Crespo, que suman otros tres años de prisión a las penas ya impuestas en anteriores procesos. También hay penas de prisión para Javier Nombela e Isabel Jordán, trabajadores de las empresas de la trama.

La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha condenado a Correa y a Crespo por los delitos continuados de falsedad cometida por funcionario público y prevaricación como cooperadores necesarios; al igual que a Javier Nombela, extrabajador de las empresas de la Gürtel, a quien se le ha impuesto dos años y tres meses de cárcel, y a la que fuera administradora de las mismas Isabel Jordán a un año y dos meses de prisión.

El tribunal ha aplicado a todos ellos la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, lo que ha supuesto una condena inferior a la que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción. Correa, Crespo y Nombela se enfrentaban a siete años y nueve meses de prisión por los delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas y falsedad en documento mercantil; mientras que para Jordán se rebajó la solicitud de pena hasta el año y 11 meses de cárcel por su colaboración con la Justicia.

Además, los delitos de fraude a la Administración Pública y de falsedad en documento mercantil y la cometida por funcionario público han prescrito, lo que motiva que los funcionarios municipales hayan resultado absueltos. A este respecto, la sentencia aclara que las posibles responsabilidades penales de los trabajadores del Ayuntamiento prescribieron en 2014, un año antes de que se les empezara a investigar su participación. No ocurría lo mismo en el caso de Correa, Crespo, Nombela y Jordán, a quienes se venía investigando desde que en 2009 arrancara este caso.

Ahora queda por saber qué ocurrirá con María José García-Pelayo después de que Fiscalía solicitase recientemente que fuese investigada.

Un procedimiento bastante irregular

Según el tribunal, en el caso ha quedado acreditado que la adjudicación, gestionada por el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC) fue irregular porque se hizo “directa de forma verbal” obviando así la normativa de contratación pública y los principios de publicidad y concurrencia, “con un resultado injusto para otras posibles empresas que hubieran podido presentarse al concurso público”. Además, el tribunal señala que todos los documentos del proceso administrativo están “plagados de ilegalidades y arbitrariedades” que tenían como objetivo “sortear los controles de legalidad”.