Los abogados de un grupo de acreedores de la promotora y constructora Aifos han convocado a otros perjudicados a una reunión este próximo lunes con el fin de plantear y debatir posibles alternativas de convenio del concurso y así evitar la liquidación de la sociedad y poder cobrar las deudas, según ha informado el letrado Carlos Cómitre.
Aifos, cuyo propietario, Jesús Ruiz Casado, ha sido juzgado por el caso 'Malaya', contra la corrupción en Marbella (Málaga), entró en concurso voluntario en julio de 2009 con un pasivo fijado en ese momento de 1.029 millones de euros y con un activo principal entonces, que era el suelo del que disponía, así como las viviendas tanto construidas como en curso.
Tras casi cinco años, el número de acreedores ha ido incrementando hasta más de 5.000 y el activo y el pasivo también han oscilado. Tras resolverse más de 1.000 incidentes concursales por parte del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, la fase común del concurso está llegando a su fin y ahora la administración concursal deberá presentar las cifras definitivas de deudas y acreedores.
La idea es fijar en los próximos meses la junta de acreedores "y hasta 40 días antes se puede presentar un convenio y si nadie lo presenta o no cuenta con los apoyos suficientes la empresa va a liquidación y la empresa desaparece", ha explicado el letrado, que desde el despacho Ley 57 Abogados representa a 27 familias, compradores de pisos de Aifos y acreedores ordinarios.
Cómitre ha indicado en declaraciones a Europa Press que por el momento "del único convenio del que se tiene noticias es del que está promoviendo la propia promotora, que está basado en datos económicos de la empresa de 2012 y que no tienen nada que ver con 2014", apuntando que "Aifos ya ha sido adelgazado porque los bancos ya se han adjudicado parte".
En este sentido, ha apuntado la posibilidad de que fueran los acreedores los que presentaran un convenio, para lo que "necesitan que represente el 20 por ciento del pasivo" que tiene la empresa. Para ello, se proponen dos propuestas con el fin de evitar que la empresa vaya a liquidación, ya que de hacerlo, los pequeños acreedores tendrían más complicaciones para cobrar.
El abogado ha explicado que la primera de las propuestas inicialmente planteada supondría la capitalización de una parte de la deuda, de forma que los acreedores "estén dispuestos a reducir su deuda a cambio de acciones" de la sociedad, aplazando la otra parte, que se cobraría en siete años según un calendario concreto que se establecería.
La alternativa segunda sería, ha apuntado, "hacer una quita del 20 por ciento, cobrar un 20 por ciento y un préstamo participativo de la cantidad restante".
Estas opciones "garantizarían la posibilidad de continuidad de la empresa y que la gente pueda cobrar", ha indicado Cómitre, quien ha considerado que, aunque falta el informe definitivo de la situación de la empresa, "la empresa podría ser viable", poniendo como ejemplo que "le quedan tres o cuatro urbanizaciones libres de carga que se podrían terminar".
Para debatir estas dos alternativas y conocer la opinión de los acreedores, este despacho ha convocado la reunión del lunes, a las 17.00 horas, en la sede de Ley 57 Concursal en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, insistiendo en que el objetivo es "llegar al 20 por ciento del pasivo que nos permita presentar un convenio y seguir adelante con el proceso".
