La Sección Novena de la Audiencia de Málaga tiene previsto comenzar este lunes, día 12 de abril, el juicio a 20 personas acusadas por la Fiscalía por confeccionar o utilizar contratos supuestamente falsos relacionados con la construcción y puesta en servicio de un edificio en la capital malagueña, con el fin de, presuntamente, cobrar prestaciones por desempleo o subsidios.
Según las conclusiones provisionales del ministerio fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, tres de los procesados eran los supuestos cabecillas, mientras que los demás eran en su mayoría familiares de los anteriores, a los que se les hicieron los contratos presuntamente simulados, previo pago, que presentaron en organismos oficiales para obtener las prestaciones.
De esta forma, señala la acusación pública en su calificación inicial, los supuestos empleados acusados podían cotizar tras las altas en la Seguridad Social basadas en esos contratos falsos. Para realizarlos, los tres procesados principales utilizaban una empresa que figuraba como empleadora de "un sinnúmero de trabajadores a pesar de carecer de actividad empresarial, no disponiendo de local".
El fiscal apunta que en la inspección se corroboró que la obra del edificio con la que están relacionados los contratos finalizó en 2011 "sin que desde entonces existiera el menor indicio de que se realizara ninguna actividad", señalando que hasta 2017 había generado una deuda con la Seguridad Social de 209.849 euros por "no haber pagado ni un céntimo por las altas fraudulentas que hacía".
Así, la acusación señala que uno de los procesados era "quien de facto realizaba los contratos falaces", casi todos a familiares; pero "sin aparecer formalmente como empleador para dificultar su identificación", de forma que presuntamente figuraba su pareja sentimental, "con plena connivencia" de ella. Asimismo, el tercer acusado principal realizaba las altas en la Seguridad Social.
Según relata el ministerio público, los supuestos contratos simulados eran, entre otras categorías, de peón o personal de limpieza, y los trabajadores los presentaban para tener días cotizados y así poder percibir una prestación "que no habrían percibido sin este fraude". Debido a ello, los acusados "lograron obtener de la Seguridad Social la cantidad de 130.800 euros".
Para el fiscal, se trata de delitos de falsedad en documento oficial en concurso con otro de estafa; o, alternativamente, de un delito de falsedad en concurso con uno de fraude de prestaciones a la Seguridad Social, en todos los casos con carácter continuado. Pide que se les impongan penas de entre seis años y cuatro años de prisión a los principales procesados y de entre cuatro años y cuatro meses de cárcel para el resto.
Cuatro de los procesados reconocieron los hechos durante la investigación, por lo que la Fiscalía insta a que se les aplique la atenuante de confesión.
Según fuentes judiciales, el juicio continuará el martes y los días 22 y 29 de este mes.
