La decisión del Tribunal Supremo sobre los recursos presentados contra la sentencia del caso Malaya, que juzgó la trama de corrupción centrada en el Ayuntamiento de Marbella, necesita tres meses más para darse a conocer, pese a que el propio Tribunal pensaba tenerla lista antes del 31 de enero.
El volumen de la causa y la complejidad del caso ha ocasionado que los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que a mediados de julio acogió la vista de los 52 recursos de casación interpuestos por defensas y acusaciones, necesiten ampliar por segunda vez la prórroga del término de sentencia.
Fuentes judiciales han informado a Efe de que el Tribunal ha dictado un auto en el que prorroga tres meses más el término para dictar sentencia, por lo que podría retrasarse hasta abril.
El 22 de septiembre de 2014, la Sala del Supremo dictó un auto en el que acordaba "una ampliación del término para dictar sentencia" hasta el 31 de enero y en sus razonamientos jurídicos se esgrimía el volumen y la complejidad de la causa.
En el nuevo auto, al que ha tenido acceso Efe, se explica que "teniendo en cuenta el curso de las deliberaciones en relación con las múltiples cuestiones fácticas y jurídicas suscitadas por los 55 recurrentes, así como por el extraordinario volumen de la documentación existente y la extensión de la sentencia de la Audiencia que dictó Málaga, con 5.814 folios" es necesario acordar una nueva ampliación.
El magistrado ponente y presidente de la Sala, Juan Saavedra, pensó tenerla lista a finales de año, pero al igual que le pasó a los magistrados del Tribunal de Málaga, una sentencia de estas características necesita su tiempo y no es fácil terminarla dada la entidad de los delitos y el número de personas afectadas.
Se pretende que sea una sentencia muy fundamentada y muy revisada y para ello se necesita mucho estudio dado la complejidad del procedimiento, han indicado a Efe las fuentes consultadas.
En julio de 2014 el Supremo dejó visto para sentencia la revisión de los 54 recursos presentados contra la sentencia del caso Malaya, y el fiscal pidió un endurecimiento de las penas al entender que la Audiencia de Málaga había emitido un fallo "blando" para el caso de corrupción más importante, al menos en lo económico, de los que han conocido la sociedad española.
La Audiencia Provincial de Málaga condenó a once años de prisión y una multa de 240 millones de euros al exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y cerebro de esta trama de corrupción, Juan Antonio Roca, pero absolvió a casi la mitad de los 95 procesados.
Lo hizo en un fallo expuesto en miles de páginas y que impone más de cien años de cárcel a decenas de personas y cientos de millones de euros en condenas.
El macrojuicio arrancó el 27 de septiembre de 2010 en la Audiencia Provincial de Málaga y en la sentencia se consideró probado que Roca "ejerció como alcalde de hecho durante años".
