El Constitucional admitió ayer a trámite el recurso que el Gobierno interpuso el pasado día 1 contra el decreto ley del Ejecutivo valenciano que permite el derribo del barrio del Cabanyal (Valencia) y acordó suspender la vigencia de la norma impugnada.

El pleno del Constitucional da además traslado de la demanda del Gobierno al Congreso y al Senado, así como a los presidentes del Ejecutivo y del Parlamento valencianos, “al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes”.

En aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, señala que el recurso “produce la suspensión de la vigencia y aplicación del decreto-ley impugnado”.