Un 60 por ciento de los irlandeses que acudieron el jueves a votar dijeron 'sí' al Tratado para la estabilidad, la coordinación y la gobernanza de la unión económica y monetaria, según los resultados oficiales.
En concreto, un 60,3 por ciento de los votantes, unas 955.000 personas, apostaron por la ratificación de este acuerdo, suscrito el pasado 2 de marzo por 25 líderes de la UE, todos excepto de Reino Unido y República Checa. El restante 39,7 por ciento --629.000 personas-- dijeron 'no'.
La participación en esta consulta, no vinculante para el Gobierno, ha rondado el 50 por ciento, similar a la de otros plebiscitos convocados previamente en Irlanda.
El tratado obliga a los países firmantes a introducir en sus constituciones un límite del déficit al 0,5 por ciento del PIB y que además prevé sanciones casi automáticas para los países que superen el umbral del 3% del PIB.
Irlanda se desmarcó del resto de países firmantes del Tratado al convocar el pasado 28 de febrero un referéndum a instancias del fiscal general irlandés, convirtiéndose así en el único de los 25 países que suscribieron el texto que consultará a sus ciudadanos sobre esta cuestión.
El país, que ya rechazó en 2001 el Tratado de Niza y en 2008 el de Lisboa en sendas consultas, no contará en esta ocasión con poder de veto, porque el Tratado entrará en vigor en cuanto cuando lo hayan aprobado 12 de los 17 miembros de la eurozona. Además, el Tratado prevé que aquellos Estados miembros que lo rechacen no tengan acceso a nuevas ayudas del fondo de rescate para países endeudados. Irlanda se beneficia en estos momentos de un plan de ayuda de la UE por valor de 85.000 millones de euros.
Los sondeos previos a la consulta ya apuntaban a una victoria del 'sí', promovido desde el Gobierno, desde el que el primer ministro, Enda Kenny, aseguraba que "ahora es el turno de los irlandeses y existen realmente buenas razones para votar Sí".
Por contra, el Sinn Féin se erigió en el principal partido defensor del 'no' al considerar que el Tratado no sólo no contribuye a resolver la crisis de la zona euro, sino que incorporará a la Constitución políticas erróneas que ya han causado mucho daño al país.
