Un centenar de militares trasladaron ayer al Defensor del Pueblo sus quejas contra la Ley de Carrera Militar y han reclamado que el Gobierno cumpla el mandato que hizo el Congreso y acometa con carácter urgente una nueva norma que garantice a los miembros de este cuerpo sus derechos, libertades y deberes. 

Con el lema X derechos (por derechos) escrito en sus camisetas, los militares concentrados ante la sede del Defensor del Pueblo han accedido al edificio y entregado, uno a uno, una súplica a esta institución para instar al Ejecutivo a reformar la Ley de Carrera Militar, que entró en vigor en 2008 y que, según sostienen, ha generado malestar, conflictos y dificultades en las Fuerzas Armadas. 

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha convocado esta concentración con el fin de que el Defensor “tome alguna determinación frente al Gobierno”, explicó su secretario general, Mariano Casado. 

Quieren poner de manifiesto, dijo, los “graves problemas” que se están derivando de la puesta en marcha de la Ley de la Carrera Militar, y que afectan a oficiales, suboficiales y tropa. 

Problemas, dijo, que pasan desde la integración de los oficiales en una escala única –provocando que los que quieren acceder a ella desde la promoción interna tengan que cumplir más requisitos sin que se valore su experiencia–, las dificultades de ascenso y promoción de los suboficiales, o los “contratos basura”. 

Bajo el punto de vista de Casado, los problemas que genera la aplicación de la Ley de la Carrera Militar están íntimamente relacionados con la falta de una norma de los derechos y deberes del cuerpo, ya que los militares no pueden participar en la regulación de todas estas cuestiones. 

De no establecer un cauce adecuado, advirtió, los problemas que generará la Ley de la Carrera Militar “serán de tal magnitud que va a haber una litigiosidad elevadísima en los próximos meses”. 

El secretario general de AUME ha considerado que la participación en la concentración de unos cien militares ha convertido la jornada en un día “histórico”, puesto que es la primera vez que miembros de este cuerpo ejercen sus derechos ante al Defensor del Pueblo. Un acto “muy simbólico” que supone, además, “el principio de algo que ya no se puede parar: que los militares quieren ser ciudadanos de primera de este país”. 

“Hace falta que desde el diálogo se puedan afrontar estas situaciones, que tengamos una Ley de derechos y deberes pronto, y que se resuelvan los problemas”, insistió.