El Tribunal Superior de Nueva Zelanda revirtió un fallo referido a la violación a la privacidad en el proceso contra el informático alemán Kim Dotcom, requerido por Estados Unidos por supuesta violación a los derechos de autor, informaron hoy fuentes judiciales.

En marzo pasado, el Tribunal de Revisión de Derechos Humanos (HRRT, siglas en inglés) determinó que la Fiscalía de Nueva Zelanda, que representa a EEUU, había violado la ley al denegar los requerimientos que hizo el fundador del desaparecido portal de descargas Megaupload en 2015 para conocer la información personal que el Estado tenía sobre él.

"Disentimos con las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Revisión de Derechos Humanos", dice el fallo publicado en el portal del Supremo, que señala que el HRTT cometió un error al basar su decisión en la "creencia subjetiva" de Dotcom.

Dotcom, quien fue sido detenido en Auckland en 2012 como parte de un vasto operativo orquestado por Estados Unidos contra la piratería informática, escribió a 28 ministros y casi todos los departamentos de la Administración neozelandesa solicitando con carácter de urgencia la información personal que estos tenían sobre él.

Casi todos los destinatarios remitieron los requerimientos a la Fiscalía General, quien los rechazó argumentando que el pedido era "irritante" e incluía información "trivial", por lo que no se justificaba suficientemente la urgencia del caso.

El Tribunal Superior consideró que las indemnizaciones fijadas por daños y perjuicios por parte del HRTT fueron equivocadas, pero invitó a las partes a negociar los costes y en caso de que no se logre deberán presentar sendos memorandos antes en un plazo de 28 días.

Dotcom, que libra varias batallas legales en Nueva Zelanda, manifestó que apelará la decisión ante el Tribunal Supremo, según la agencia local NZME.

El Tribunal de Apelaciones confirmó un fallo en julio pasado a favor de la extradición a Estados Unidos, que cree que su clausurado portal Megaupload, que llegó a tener 50 millones de usuarios, logró un beneficio de unos 175 millones de dólares (160 millones de euros) por supuestamente alojar material ilegalmente.