A punto de cumplir dos años al frente del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la Provincia de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix adelanta que el ente está actualmente estudiando diferentes alternativas para ampliar la capacidad del vertedero de Miramundo.
Según el también alcalde de San Roque, las instalaciones actuales llegarán al máximo de su capacidad en el año 2029 si se mantiene el ritmo de actividad que se registra a día de hoy.
Dado que la empresa concesionaria, Bioreciclaje, tiene contrato hasta 2039, se están poniendo sobre la mesa posibles opciones. Entre ellas, apunta la opción de ampliar la planta de Medina, pero no descarta la construcción de otros espacios en diferentes municipios.
Por el momento, ha abierto la puerta a “buscar sinergias” con el proyecto de Economía Circular que la Junta de Andalucía desarrolla en la Sierra de Cádiz, con un convenio con la empresa pública Basica, que gestiona los residuos para la Mancomunidad. “Los residuos que se generen en la economía circular en la gran mayoría de los pueblos de la comarca, , que será una menor cuantía, acabarán en Miramundo”, en virtud de este acuerdo, explica.
En cuanto a la situación económica y financiera del ente, Ruiz Boix saca pecho. “Los alcaldes han hecho un ejercicio de responsabilidad compartida y puedo decir que a fecha de este mes de septiembre, se va a proceder a pagos de factura emitida en febrero de 2021”, asegura. De esta manera, agrega, “se han saldado obligaciones pendientes anteriores a 2015”.
En el caso de Chiclana, Puerto Real y San Fernando, que acumulan una deuda de más de ocho millones de euros por el fiasco de la tasa consorcial que no se ha liquidado de igual manera en cada una de las localidades desde 2016 y hasta el año pasado (no está vigente ya en ninguna localidad), “los ayuntamientos han asumido el coste de la gestión”. Estos ingresos sirven ir pagando los costes pendientes “independientemente de cuándo se generaron”.
En cualquier caso, afirma, la deuda que reclamaba Biorreciclaje, que hace un año y medio superaba los 13,5 millones de euros, se ha reducido ostensiblemente, lo que ha permitido “rebajar para los miembros del ente un 8% el precio de la tasa por tonelada” y revisar el contrato para incluir las nuevas exigencias medioambientales dictadas por la Unión Europea.
Interrogado sobre el contenido de la auditoría de 2020 Ingenieros que señalaba tasación incorrecta de los residuos y que gran parte de los mismos eran cargados como material listo para su tratamiento, pero no procesados, algo que podría haber comportado la anulación de la concesión, según denuncia de IU, Ruiz Boix se limita a destacar la fluidez de las conversaciones con la empresa e insistir en que el objetivo es “elevar el listón del servicio”.
