La Fiscalía de Granada solicita la pena de cinco años de prisión y la inhabilitación durante otros siete años y medio para una médica acusada de apropiarse de talonarios de recetas que debió devolver a los centros sanitarios una vez que terminó su relación laboral y que sin embargo se quedó para su uso personal, prescribiendo medicamentos para ella y sus familiares.
La médica supuestamente falseó centenares de recetas del Servicio Andaluz de Salud entre el 8 de julio de 2011 y el 8 de septiembre de 2013, periodo en el que ejerció como facultativa en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, en la residencia de tercera edad Rodríguez Penalva de Huéscar y en el Hospital de Baza, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
Así, cuando el 8 de julio de 2011 terminó su labor como oftalmóloga residente en el Hospital Virgen de las Nieves no devolvió las recetas que le sobraron y prescribió 45 para que familiares y allegados pudieran obtener medicamentos por valor de 339 euros.
En el semestre inmediatamente posterior fue contratada como médica general en la Residencia de Mayores Rodríguez Penalva, donde también recibió varios talonarios para prescribir medicamentos a los residentes, sin que tampoco devolviera los que le sobraron cuando acabó su labor allí. Según la Fiscalía, hizo uso de un total de 158 recetas en las que alteró las fechas para que sus allegados obtuvieran fármacos por importe de 1.126 euros.
En el Hospital de Baza, supuestamente se apropió de al menos 145 recetas de otro oftalmólogo del centro y suscribió otras de forma electrónica sin autorización, especialmente para su hermana.
En total, la Fiscalía cifra en 2,716 euros el dinero defraudado al SAS y sus sistemas de prestaciones médicas por este procedimiento y considera que los hechos son constitutivos de un delito de falsificación de documento oficial perpetrado por funcionario público en concurso con otro de estafa.
Además de la pena de cárcel, solicita que la acusada sea inhabilitada para el ejercicio de profesiones médicas durante siete años, seis meses y un día, así como una multa de 2.886 euros.
Con carácter alternativo, el Ministerio Público tipifica los hechos como constitutivos de un delito de fraude de prestaciones realizado por funcionario público, por el que pide para ella cinco años de prisión e inhabilitación. El juicio se celebrará el próximo 9 de enero en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.
