El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Pablo García, ha abogado este lunes por que se investigue "a fondo" la gestión de la Alhambra durante la etapa de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía para "eliminar cualquier duda" que pueda existir en relación al modo en que se administró el monumento o sobre su transparencia.
García se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en relación al llamado 'caso audioguías', en el que se investigan supuestas irregularidades en torno a la adjudicación del servicio de audioguía electrónica para los visitantes individuales a la Alhambra.
El Juzgado de Instrucción 4 de Granada procesó el pasado abril por este asunto a tres personas dejándolas a un paso del juicio: la que fuera directora del monumento, María del Villafranca; la ex secretaria general del monumento, Victoria Eugenia Chamorro, y el administrador único de la empresa a la que se adjudicó el servicio de audioguías.
Pablo García ha explicado que desde la Junta, que ejerce la acusación particular en este proceso, se acaba de solicitar al Juzgado que también se procese al que fuera jefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos en el monumento, José María Visedo, que se investigó en un principio pero que el juez ha dejado fuera de la causa. También ha pedido que entre los delitos señalados por el juez se sume el de falsedad.
El juzgado dio por concluida el pasado abril la instrucción de este caso ordenando que las actuaciones continúen por el trámite del procedimiento abreviado contra tres de los ocho investigados inicialmente por supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
La causa gira en torno a las supuestas irregularidades cometidas en torno a la adjudicación del servicio de audioguía electrónica para uso de los visitantes individuales a la Alhambra, considerado el monumento más visitado de España, así como de un equipo receptor para los componentes de grupos organizados que accedían al recinto.
En su última declaración ante el juez instructor el pasado 12 de junio, Villafranca defendió que en el Patronato de la Alhambra se ha trabajado siempre "con rigor" y aplicando la ley, y que tanto ella como el resto de investigados están sufriendo una "auténtica persecución".