La Junta de Andalucía acometió en 2022 casi un millar de procedimientos administrativos y judiciales, 955 exactamente, para regularizar y recuperar viviendas de titularidad pública ocupadas.
Así lo explica en una respuesta a una pregunta escrita del Grupo Vox en Andalucía sobre ese pormenor del parque público de viviendas titularidad de la Junta de Andalucía, que rubrica la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) con fecha de 9 de mayo de este año, consultado por Europa Press.
La consejera de Fomento explica que en ese ejercicio 2022 la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) gestionaba 73.989 viviendas, de las cuales 49.058 lo eran en régimen de arrendamiento, otras 19.083 lo hacía en régimen de compraventa y las 5.848 restantes en régimen de acceso diferido a la propiedad y otras modalidades.
De ese parque de 49.058 inmuebles en alquiler la Agencia de Vivienda y Rehabilitación procedió a verificar la situación de 24.011 viviendas, "prácticamente la mitad del parque en arrendamiento", en palabras de la consejera de Fomento.
Con esa muestra de un 50% de las viviendas de la Junta en alquiler la Consejería detectó "situaciones con incidencias en la ocupación en 3.132 viviendas", en el 13% de los inmuebles que verificó.
"Como consecuencia de las verificaciones realizadas, se tramitaron 1.120 expedientes para la regularización de las situaciones anómalas detectadas", prosigue explicando Rocío Díaz.
Para afrontar esas situaciones anómalas, en palabras de la consejera, la Junta de Andalucía acometió medidas como "desahucios administrativos por ocupación sin título o por no ocupación de la vivienda, recuperaciones posesorias, subrogaciones, así como otros procedimientos judiciales".
La consejera de Fomento pone de manifiesto en la respuesta que da a Vox que, gracias a "la recuperación de viviendas derivada de los expedientes tramitados y resueltos", esto propició a su vez que la Junta de Andalucía pudiera otorgar 329 segundas o sucesivas adjudicaciones de viviendas públicas a otras tantas familias inscritas en los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y propuestas por estos órganos a AVRA.
Esos datos desglosados por provincias revelan que en Almería se detectaron 18 viviendas con incidencias en la ocupación y se iniciaron 39 procedimientos; en la provincia de Cádiz las viviendas con incidencias en la ocupación fueron 297, 56 de ellas en Jerez de la Frontera, y se iniciaron 158 procedimientos; en Córdoba sólo se detectó una incidencia de ocupación, en Puente Genil, y se iniciaron 118 procedimientos; en Granada se encontraron 410 viviendas con incidencias de ocupación y se iniciaron 76 procedimientos.
En Huelva se hallaron 70 viviendas con incidencias de ocupación, 23 de ellas en Lepe, y se hicieron 93 procedimientos; en Jaén fueron 452 las viviendas con incidencias, de las cuales 215 eran en Linares y 231 procedimientos; en Málaga eran 16 las viviendas con incidencias, de las cuales 11 se ubicaban en Marbella y se hicieron 34 procedimientos; en Sevilla se detectaron 1.868 viviendas con incidencias de ocupación y se iniciaron 206 procedimientos.
