Otro país, otro estado que se suma a terminar con la especulación. El pequeño estado pirenaico ha sido el siguiente en prohibir a los extranjeros comprar casas para frenar la escalada de precios. Por lo visto a los extranjeros que compran casas o pisos fuera de su país les sobra el dinero y pagan cuanto les piden sin discutir. Eso provoca una continua subida de los precios debido a la voracidad de los propietarios, chicos y grandes, lo que coloca la vivienda fuera del alcance de los naturales del país porque todos los propietarios quieren ganar más. En resumidas cuentas, la venta de viviendas a extranjeros hace que los naturales no tengan dónde vivir.
Andorra no es un país comunista, no nos equivoquemos. O mejor, no equivoquen a la mayoría. Es un país plenamente capitalista. Pero también es soberanista. Lo que han hecho es un acto de soberanía, porque no se someten a ninguna imposición -forzada o velada- de ninguna ley, norma ni costumbre importada. Cuidan de lo suyo y cuidan a los suyos. Si los precios están subiendo debido a la ambición desmedida de unos y al aparente “desprendimiento” de otros (¿tal vez la necesidad de enterrar dinero de procedencia posiblemente dudosa?), el gobierno en este caso protege a su propio pueblo al cortar la causa de esa subida desmesurada. No basta con el triunfalismo de presentar balances basados en los resultados del negocio inmobiliario. Porque el negocio inmobiliario es un negocio. Para algunos. Y una carga para el Estado y para el resto. El negocio inmobiliario no es creativo, no produce valor añadido sino en forma mínima por el consumo de materiales, pero lo pierde de inmediato en cuanto lo construido se pone a la venta. Los únicos beneficiados y los que provocan esas subidas son los propietarios y las oficinas inmobiliarias que por eso sugieren y aconsejan precios cada vez más altos cuando “ofrecen” valoración gratuita de su inmueble.
Cuando esto ocurre el gobierno tiene la obligación de intervenir, como han hecho Andorra, Berlín, Nueva York y cada vez más estados y ciudades. Porque el deber de todo gobierno, antes que nada, es velar por el bienestar de sus ciudadanos.
