En las complejas intrigas políticas y jurídicas que rodean a España, dos figuras emblemáticas, Carles Puigdemont y Cristóbal Montoro, van más allá del ámbito puramente político hacia el ámbito de la justicia, la constitucionalidad y la moralidad. La cuestión de la amnistía política y financiera ha puesto de relieve la delgada línea que existe entre la amnistía por delitos y la defensa de los principios democráticos y constitucionales del país.

El caso del ex presidente catalán Carles Puigdemont se ha convertido en el epicentro de un debate polarizador sobre los indultos políticos. Puigdemont, líder del movimiento independentista catalán,  enfrenta cargos por su participación en el referéndum de independencia de 2017, que el gobierno central de España consideró ilegal. La propuesta de amnistía para Puigdemont provocó un fuerte desacuerdo. Mientras algunos dicen que se trata de un paso importante hacia la reconciliación nacional, otros lo ven como un precedente peligroso que socava el Estado de derecho y la integridad territorial de España. Mientras tanto, el caso del ex ministro de Hacienda español Cristóbal Montoro ha arrojado luz sobre la cuestión de la amnistía fiscal. Durante su mandato, Montoro implementó una controvertida  amnistía fiscal que permitió a las personas regularizar activos no declarados y evitar posibles sanciones fiscales y legales. Esta amnistía fiscal ha sido criticada por carecer de equidad y transparencia, y ha sido objeto de muchas críticas y cuestionamientos sobre su constitucionalidad y coherencia con los principios democráticos.

Una comparación de la amnistía política propuesta para Puigdemont con la amnistía fiscal impulsada por Montoro revela una sorprendente contradicción en la aplicación de la ley y los principios constitucionales en España. Si bien las amnistías políticas están sujetas a un intenso escrutinio y debate sobre su legitimidad y compatibilidad con el orden constitucional, las amnistías fiscales han sido aceptadas y, en algunos casos, justificadas para combatir la evasión fiscal y promover la normalización económica. Se defienden como una herramienta útil. Sin embargo, esta desigualdad plantea dudas sobre la coherencia y la justicia del sistema jurídico español. ¿Cómo puede considerarse constitucionalmente permisible un indulto por un delito fiscal cuando un indulto político por un delito de naturaleza política está sujeto a un escrutinio tan intenso? Destaca la necesidad de un enfoque más coherente y transparente en la aplicación de la ley que garantice la igualdad de los ciudadanos  y  proteja  principios democráticos y constitucionales fundamentales.

En conclusión, los casos  Puigdemont y Montoro ponen de relieve la complejidad y  sensibilidad de las cuestiones de  amnistía en España. Los indultos políticos y las amnistías fiscales plantean cuestiones éticas, legales y constitucionales que requieren una consideración cuidadosa y reflexiva. Es importante que cualquier medida de amnistía respete los principios democráticos y constitucionales del país, proteja la integridad del sistema legal y promueva la igualdad y la justicia para todos los ciudadanos españoles.