El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha defendido la proposición de Ley registrada por el PP para atajar el problema de la ocupación ilegal de viviendas, creando un marco legal apropiado que proteja la propiedad privada y establezca mecanismos necesarios para el desalojo en 24 horas.
En el transcurso de una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por la senadora popular, Cristina Casanueva, Velasco dijo que esta iniciativa legislativa se hace necesaria ya que la actual Ley no da respuesta a situaciones que han tenido relevancia en Puente Genil, citando los sucesos en Miragenil, «donde se han producido varias incidencias por las ocupaciones de viviendas que han generado intranquilidad entre los vecinos del barrio».
«La actual legislación deja desarmados a los propietarios de viviendas ante estas situaciones de ocupación», dijo el alcalde, quien precisó que, «en el caso de Miragenil se consiguió que los ocupantes salieran rápido, aunque no se trata de un hecho aislado, ya que anteayer se produjo otra ocupación en el barrio La Isla isla generando incertidumbre para el propietario, puesto que ocuparon un inmueble en mal estado de conservación».
Además, Velasco recordó la ocupación de la Huerta La Barca, «por mafias de ocupación rumanas, que han generado un problema medio ambiental de primer orden, destrozando la propiedad y todo el entorno de la parcela, viéndose también afectado el río Genil», una situación ante la que el Ayuntamiento, con la legislación actual, no puede actuar». En este sentido, Velasco agregó que dicha ocupación «se ha convertido en un foco de delincuencia para Puente Genil, ya que a raíz de eso hemos tenido asaltos multitudinarios en grandes superficies, entrando 20 o 30 personas a la vez algo que es incontrolable, por eso es importante que sepamos donde está cada partido, el PP y el PSOE que, con su voto en contra, es el que permite esta situación de total desproteccion de la propiedad privada».
Por su parte, Casanueva explicó que “la ocupación ilegal es un grave problema al que hay que plantar cara con un marco jurídico preciso, partiendo de la tolerancia cero hacia este fenómeno y la protección tanto de la propiedad privada como de las personas en situación vulnerable”. “Esta iniciativa parte de la preocupación de la sociedad ante el incremento de este fenómeno desde 2018. No es un problema menor, ni algo de gamberros o antisistema. Es un problema real en el que han intervenido verdaderas mafias que han creado una industria invadiendo viviendas que no son de su propiedad, y que llega a muchos municipios de nuestra provincia”, dijo Casanueva quien recalcó que en España hay unos 100.000 inmuebles ocupados ilegalmente, y en la provincia de Córdoba en 2022 se presentaron 174 denuncias por ocupación ilegal.
“La ocupación ilegal ataca al derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogido en la Constitución y además altera gravemente la convivencia vecinal y pone en riesgo la seguridad y la integridad de las personas. En el caso de la última vivienda ocupada en el barrio de Miragenil, se da la circunstancia que en esa zona viven muchas personas mayores que están solas y que se sienten desprotegidas ante estas situaciones”, dijo la senadora popular.
“Desde el Partido Popular estamos convencidos de que es necesario reforzar el ordenamiento jurídico para que los okupas no puedan ampararse en ningún vacío legal, además de proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica, y al mismo tiempo luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio”, afirmó Casanueva.
Por último, en la reunión entre Velasco y Casanueva también se trataron otros temas de interés como la reactivacion de la línea ferroviaria Bobadilla-Córdoba, y los problemas con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), al hilo de la situación límite en Cordobilla y la necesidad de retirada de los islotes en el entorno de La Alianza, donde la sedimentacion esta causando importantes problemas.
