Los grupos de la oposición han coincidido a la hora de advertir de que el aumento del gasto en el capítulo de personal que implican los convenios suscritos por el Gobierno local en estos últimos meses puede generar un desequilibrio económico para el Ayuntamiento, dado que no existe crédito presupuestario para atender los compromisos adquiridos.
Para el portavoz del grupo municipal socialista, José Antonio Díaz, estamos ante una “subida salarial grosera” y un “escándalo político”, toda vez que el Ayuntamiento “ha subido sueldos por encima de lo contemplado en la Ley de Presupuestos del Estado”, por lo que estaríamos ante una medida adoptada “de manera ilegal, incumpliendo la normativa y en connivencia con el interventor” municipal, que está “mirando para otro lado”.
Para Díaz, la alcaldesa, María José García-Pelayo, lo que está haciendo es “pagar por los servicios prestados a una élite de la plantilla municipal, subiéndoles el sueldo con una cartera ajena”. “Ha comprado la paz social a costa del bolsillo de los jerezanos”, resume.
Porque el portavoz socialista no duda de que este incremento del gasto en materia de personal terminará pagándolo “el ciudadano, con la mayor subida de impuestos de la historia de Jerez”, dándose además el caso de que este tipo de medidas “no sirven para mejorar los servicios públicos”.
Como ya se advertido con anterioridad, el problema añadido es que el Ayuntamiento “está manejando unas partidas económicas de 2024 con un presupuesto de 2022”, lo que genera el lógico “desequilibrio” financiero. “No hay crédito presupuestario y eso nos aboca a que a finales de año no haya tampoco dinero para pagar las nóminas ni para hacer frente a los pagos a proveedores. Es una vuelta al caos económico de 2012”, augura José Antonio Díaz.
El portavoz de Vox, Antonio Fernández, cree que alcanzar “la paz social está bien”, pero “aventurarse a garantizarla sin haber aprobado unos presupuestos es como empezar a construir la casa por el tejado”.
“Nosotros no estamos en contra de que los trabajadores tengan derechos, eso antes que nada, pero antes de adoptar este tipo de medidas hay que dar una serie de pasos previos, como implantar un reglamento que regule las productividades”, puntualiza.
En la misma línea, el portavoz de La Confluencia, Raúl Ruiz-Berdejo, se muestra “siempre favorable” a mejorar las condiciones laborales del personal municipal, entre otras cosas porque esta formación llevaba “tiempo reivindicando” algunas de ellas.
Para Ruiz-Berdejo, el problema no está tanto en el sobrecoste que traen aparejado esos convenios como “los que puedan derivarse de no tener un presupuesto que de cobertura a esas mejoras de los derechos y las condiciones laborales”.
“No hay presupuesto ni perspectiva de que vayamos a tenerlo y no existe por tanto una partida económica que de cobertura a esos convenios. Eso es lo que nos preocupa, porque lo que hoy parece una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras dentro de no demasiado tiempo puede suponer un problema que repercuta en su propia estabilidad”, concluye.
En este sentido, el portavoz de La Confluencia recuerda que ya este pasado ejercicio fue necesario aprobar una serie de modificaciones presupuestarias por importe de 4,7 millones de euros para tratar de garantizar el abono de las nóminas del personal municipal en lo que restaba de ejercicio.
Según la información a la que ha tenido acceso este medio, los convenios colectivos firmados en estos últimos meses por el Gobierno local van a suponer un incremento del coste de personal de algo más de 12,5 millones de euros.
¿Y qué pasará con la limpieza viaria?
A todo esto, hay que tener en cuenta que en este momento se está negociando el convenio laboral de la plantilla del servicio de la limpieza viaria entre comité y empresa, cuyo principal escollo pasa por el incremento salarial de la plantilla, ya que reivindican fue una promesa de la actual alcaldesa en la pasada campaña electoral.
La Junta sólo responde a través de la Patrica
Según apuntan fuentes internas del Partido Popular, desde el Gobierno local se habría trasladado ya a la Junta de Andalucía la difícil situación financiera a la que se enfrenta el Ayuntamiento en la búsqueda de fórmulas de financiación, aunque desde la Consejería de Hacienda sólo habrían ofrecido como alternativa el anticipo del pago de la Patrica. Una respuesta que, según insisten las citadas fuentes del PP, sería una de las razones por las que el delegado de Economía, Francisco Delgado, habría planteado verbalmente el pasado miércoles a la alcaldesa, María José García-Pelayo su renuncia al cargo.
El propio Delgado atendió personalmente el pasado viernes a este periódico y aseguró que dicha conversación no se había producido, así como que seguía al frente del área económica del Ayuntamiento, aunque las mismas fuentes de su partido insisten asimismo en mantener su versión de los hechos, e incluso abundan en la preocupación interna en torno a la situación financiera municipal a la hora, sobre todo, de hacer frente al pago de las nóminas de la plantilla a partir de este verano. Delgado fue uno de los “fichajes” más destacados de Pelayo para su candidatura a las municipales, consciente de su amistad con quien fuera consejero de Hacienda y actual vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.
