El que fuera número 2 del Ministerio del Interior Francisco Martínez ha denunciado la falta de "rigor" de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía en su oficio sobre las consultas realizadas desde bases de datos policiales a 55 diputados de Podemos entre 2015 y 2016, entre los que se ha incluido a Yolanda Díaz (ahora en Sumar).
El exsecretario de Estado de Interior sostiene en un escrito ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien investiga ese supuesto espionaje a Podemos, que de las búsquedas en bases de datos policiales aportadas al juzgado, "docenas" no se corresponden con la identidad de integrantes de la formación morada sino con la de otros ciudadanos con nombres iguales o similares.
Se trata de "docenas de personas cuyos apellidos coinciden con los de alguno de los diputados, si bien no coinciden ni el nombre ni la fecha de nacimiento", asegura Martínez, que se encuentra además procesado por el caso Kitchen, relativo al presunto espionaje parapolicial a la familia del extesorero del PP Luis Bárcenas, hechos por los que también está pendiente de juicio el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.
Para demostrarlo, remite en su escrito, al que ha tenido acceso EFE y que él mismo suscribe como abogado, a los archivos Excel enviados por la Policía al juzgado, con los que, sostiene, se puede "comprobar que en muchos casos se han empleado como términos de búsqueda únicamente los apellidos de la persona (denunciantes por apellidos o detenidos por apellidos), sin su nombre ni su fecha de nacimiento".
"El resultado de esta diligencia no aporta nada al debate que nos ocupa, porque ni siquiera se circunscribe a esas 55 personas que el 16 de enero de 2016 (no antes) perfeccionaron la condición de diputados en el Pleno de constitución de la XI Legislatura, sino que se trata de búsquedas sobre docenas de personas cuyos apellidos coinciden con los de alguno de los diputados, si bien no coinciden ni el nombre ni la fecha de nacimiento".
También "puede comprobarse fácilmente", prosigue el escrito, que las búsquedas encontradas "no son más que el resultado de una actividad policial normal y ordinaria, como la realizada sobre cualquier ciudadano".
"Así, se aportan consultas, desde distintas comisarías de toda España, que pueden tener muy variadas razones, como renovación de DNI y pasaporte, controles en aeropuertos, datos sobre hospederías (que se remiten a la policía por los propios hoteles), denuncias interpuestas por estas personas y un largo etcétera", observa.
Esto además, advierte, "ha provocado una vulneración del derecho a la protección de datos personales de personas completamente ajenas" a esta causa.
Éste sería el caso, expone el recurso, del fichero relativo a Yolanda Díaz Pérez, nombre de la actual vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar tras haber ocupado cargos en Podemos.
"Como los términos de búsqueda empleados han sido solo sus apellidos (Díaz Pérez), se han incluido en el archivo Excel las consultas realizadas sobre diversas personas que se apellidan “Díaz Pérez” -pero con distintos nombres que el escrito cita, quienes por ello "han sufrido una indeseable y nociva revelación de sus datos personales".
En este mismo fichero, añade Martínez, se muestran varias fechas de nacimiento, por lo que es "evidente que se han aportado las consultas sobre muchas personas distintas de doña Yolanda Díaz Pérez, aunque coincidan sus apellidos".
Lo mismo sucede, continúa, con otros archivos de Excel como el del diputado Segundo González García, Lucía Martín González, María Rosa Martínez Rodríguez, Alberto Rodríguez Rodríguez, Noelia Vera Ruiz Herrera, "y así con todos los archivos de Excel del supuesto espionaje político”.
"Esta absoluta falta de rigor y descarada revelación de cientos de datos personales totalmente ajenos a la investigación en curso ha servido, eso sí, para construir titulares de impacto", fundalmentante, subraya, "en los medios afines a los partidos políticos personados en esta causa (quienes realizan una interpretación completamente interesada de la información aportada por la UAI)".
Entre esos titulares, Martínez destaca los siguientes: “Entre los diputados más investigados estaba Segundo González García, responsable de Finanzas y Transparencia de Podemos, con más de 900 búsquedas, seguido de Lucía Martín, con 800 búsquedas. Pablo Iglesias, líder del partido, tuvo 121 búsquedas. Otros diputados frecuentemente investigados fueron Juan Antonio López Uralde, exdirector de Greenpeace España, y María Rosa Martínez Rodríguez, actual secretaria de Estado de Derechos Sociales”.
Ante esta situación, Martínez asegura sentirse víctima de "una grosera instrumentalización del proceso penal con fines políticos, para justificar titulares gruesos sobre supuestos escándalos y espionajes que, lamentablemente, afectan de lleno" a su vida personal, familiar y profesional.
