Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles han asesorado y representado a un guardia civil destinado en el Puesto Principal de Puente Genil, obteniendo una sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba mediante la que se condena a un vecino de dicha localidad como autor de un delito de atentado y otro de lesiones, imponiéndole la pena de seis meses de prisión, así como a indemnizar al agente con 8.566 euros por las lesiones causadas.
Según se relata en la sentencia, los hechos tuvieron lugar en marzo de 2022, cuando el acusado se encontraba en estado de gran nerviosismo en el bloque de su domicilio en la calle Vicente Aleixandre, y al ser requerido por los guardias civiles para que se tranquilizara y se metiera en su vivienda, se encaró con los agentes diciéndoles “voy a acabar con todos vosotros y con todos los de la Guardia Civil, me tenéis hasta los huevos, no me da la gana, no me sale de los huevos, aquí no mandas tú”, y empujó a uno de los guardias civiles haciendo que se golpeara con la pared y se doblara la rodilla. El abogado Álvaro Moreno, que ha asistido al agente agredido, ha declarado que “en este caso se ha dictado una sentencia de conformidad aceptada por las partes, habiendo concurrido la atenuante de actuar bajo la influencia de bebidas alcohólicas y la agravante de reincidencia, teniendo en cuenta que el acusado ya había sido condenado en otras ocasiones como en 2021 por otro delito de atentado, por lo que debe indemnizar a nuestro representado y abonar las costas procesales. Desde nuestro bufete comprobamos que durante los últimos años es Puente Genil el municipio de la provincia en el que más agresiones a guardias civiles hemos tenido que atender”.
Por otro lado, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba, ha afirmado que “la indemnización obtenida para nuestro afiliado es acorde a las graves lesiones que sufrió, por las que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y le quedaron secuelas. Llevamos años alertando del incremento de las agresiones a los guardias civiles y reclamando penas más graves, mayor protección jurídica, dotación de medios adecuados, pero sobre todo el reconocimiento como profesión de riesgo para los guardias civiles y policías nacionales”.
