Lorena Montero, fiscal delegada de Violencia de Género en Cádiz, ha advertido de que, “cuando no hay conformidad en los juicios rápidos, hay señalamientos para septiembre de 2025”. En una reciente entrevista en La Orilla, el programa que dirige y presenta Pedro Espinosa en 7TV Cádiz, Montero teme que incluso se pongan fecha en 2026 en uno o dos meses y ha lamentado que “los juzgados no dan abasto”. Como ejemplo pone el de Chiclana, comarcal y mixto, “con un nivel de trabajo amplísimo”.
“Es un problema que hay que sentarse a valorarlo y dotar de medios”, propone porque, remarca, “no podemos ofertar las bondades de un sistema bien diseñado si no se nutre” de recursos “adecuados”. “Una justicia que no es rápida no es eficaz” y, en estos casos, “las mujeres y sus hijos e hijas necesitan “regulaciones penal y civil” sin demora.
Igualmente apunta retrasos en los informes reclamados a las unidades de valoración integral en los institutos de medicina legal, para analizar “no solo las situaciones de desequilibrio o superioridad machista” y detectar “los casos de violencia psicológica, sino también para darnos las pautas y las medidas a adoptar” para las víctimas.
En positivo, destaca que la asunción en Cádiz de los asuntos de San Fernando y Puerto Real no ha generado los temidos problemas de colapso gracias a la implicación de todos los actores porque “el reto (de luchar contra la violencia de género) sigue en pie” tras 5.000 denuncias en 2023.
La fiscal delegada reclama, en este sentido, reforzar la “educacion y la prevención” porque existe un repunte de casos entre los más jóvenes. Al respecto, indica que la irrupción de las nuevas tecnologías han agravado el problema y, por otro, no son capaces de reconocerse como víctimas y agresores.
“Hay una fisura entre nuestro lenguaje y el suyo, no nos reconocen como autoridad”, alerta, para plantear “entablar un diálogo más fuerte”.
