Según ha informado el Instituto Armado en una nota, fue la Jefatura Provincial de Tráfico la que detectó que, en varias transferencias de vehículos, no se había devengado el impuesto de transmisiones. Inmediatamente, se lo comunicó al Grupo de Investigación y Apoyo al Tráfico (GIAT) del subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Sevilla.
Los guardias civiles comprobaron cómo todos los expedientes analizados habían sido tramitados por la misma funcionaria, que no tenía encomendada esa misión en la Jefatura. La transferencia supuestamente era abonada por una gestoría, pero el ingreso no llegaba a realizarse.
Tras varias pesquisas, se identificó a la persona que trabajaba como gestor administrativo y que suministraba a la funcionaria los expedientes anómalos, al no pagar a la Hacienda Pública. Hasta la fecha, se constata que existen 793 expedientes que no han sido abonados.
'MODUD OPERANDI'
En cuanto al 'modus operandi', era por la mañana, a la hora del descanso, cuando la funcionaria desayunaba con el supuesto gestor y éste le entregaba los expedientes. En la hora del almuerzo, ésta le entregaba los expedientes tramitados.
Tras otras gestiones, los agentes conocieron que el supuesto gestor no es gestor administrativo, ya que carecía de titulación. Además, se supo que una gestora era la que le había facilitado oficina, titulación, firma electrónica y justificantes de la Gestoría.
Así, se continuó con la investigación y se conoció que dos gestores más estarían realizando transferencias con el supuesto gestor. De hecho, cuando se le tomó declaración a éstos, manifestaron que esta persona hacía, en pocas horas, gestiones en las que se tarda varios meses.
Conocida la forma de actuar y después de un "arduo y laborioso" trabajo, en el que los guardias civiles tuvieron que revisar 1.600 expedientes y tomar más de 300 declaraciones, además de realizar múltiples gestiones, se detuvo a A.M., funcionaria de la Jefatura, por los supuestos delitos de cohecho, falsedad documental y apropiación indebida; I.A., supuesto gestor, al que se le imputan los mismos delitos que a la anterior; M.G.R., gestora administrativa, se le imputa falsedad documental; J.C.C., gestor, imputado por falsedad documental, y D.C.S., también gestor, al que se le imputa lo mismo que a los dos anteriores.
